Ahora cualquier persona puede reportar a un consultor o abogado de Inmigración fraudulento

Por Vilma Filici
vilma@filici.com

Toronto. Invitada por el Consejo Regulador de los Consultores de Inmigración de Canadá (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council, ICCRC), que es el cuerpo que regula la profesión de consultores de Inmigración en el país, participé el pasado 25 de Mayo pasado en una conferencia de prensa dada por el Ministro de Inmigración y Ciudadanía, Jason Kenney, quien anunció una nueva manera de cómo se puede reportar la conducta no ética de asesores en materia migratoria. El ministro se refirió específicamente a abogados, consultores, y también a personas que sin estar acreditadas ofrecen servicios migratorios.

Hay que tener en cuenta que en el pasado, el Departamento de Inmigración, las Cortes de Inmigración y los Consulados no podían reportar a ningún profesional aun si ellos veían que estos se estaban comportando de manera incorrecta con sus clientes.

Pero ahora, el Ministro de Inmigración promovió una ley a través de la cual hay apertura en el Departamento de Inmigración para que, por ejemplo un Juez de Inmigración o un Oficial de Inmigración reporte a un consultor o a un abogado que cometa negligencia en su trabajo, o que haya abusado o ayudado a un cliente a inventar una historia, o a mentir acerca del caso, o a presentar documentación fraudulenta.

Esto quiere decir que ahora los abogados y los consultores de Inmigración no solamente pueden ser reportados por sus propios clientes, sino que si hay algún problema de conducta por parte del profesional, este  puede ser reportado ante sus respectivas organizaciones por cualquier persona con la que entre en contacto en un procedimiento legal.

En el caso de los abogados, estos pueden ser reportados ante las Barras de Abogados, específicamente en la sección de disciplina; y en el caso de los consultores de inmigración, de la misma manera se pueden reportar a la sección de disciplina de la organización que los regula, que es la ICCRC.

En palabras del ministro Kenney, compartir información acerca de la conducta fraudulenta de un representante de inmigración con los cuerpos que se encargan de regular la profesión no va solamente a ayudar a mantener la integridad del sistema inmigratorio, sino que también va a ayudar al inmigrante mismo.

Efectivamente esta medida es de mucho beneficio para las personas, para los clientes de inmigración, ya que estos en su mayoría son un grupo vulnerable de personas que, a veces por su propia necesidad de obtener la residencia permanente en Canadá, caen victimas de personas inescrupulosas. Sin embargo, a veces el cliente mismo no tiene los conocimientos legales o el manejo adecuado del idioma, o eventualmente tiene temor, y no reporta el abuso que se comete en su contra.

En ese sentido, a partir de hoy ya no es solamente el cliente quien tiene que hacer el reporte de los abusos cometidos por personas inescrupulosas, sino que también el Departamento de Inmigración puede velar por los intereses de los clientes.

Es importante hacer notar que hace poco tiempo se aprobó una ley que criminaliza a una persona por trabajar como asesor de inmigración sin la acreditación para ello que únicamente es otorgada por el ICCRC. Es decir, hasta hace  muy poco no existía ninguna penalidad para las personas que ayudaran a un cliente de inmigración a hacer un trámite y le cobraran sin ellos ser certificados para hacer trámites de inmigración.

Pero en este momento, si se descubre que una persona ha presentado trámites de el Departamento de Inmigración, o que ha ayudado o ha asesorado a alguien con trámites de inmigración y les ha cobrado, esa persona ha cometido una ofensa criminal y puede ser acusada y llevada a la Corte, y puede pagar hasta con cárcel por hacer esto.

Por lo tanto, hoy está claro que la práctica de leyes de inmigración sin ser un abogado o un miembro acreditado del ICCRC es un delito criminal. En este sentido, hay que tener mucho cuidado de asegurarse de que la persona que lo esté representado sea un consultor de inmigración o un abogado, o en el caso de Quebec un notario de dicha provincia, ya que estos son los únicos tres grupos que están autorizados para practicar leyes de inmigración.

Un comentario que hizo el Ministro en la conferencia de prensa y que me parece muy interesante es que les aconsejó a los representantes de los medios de comunicación que se encontraban en la conferencia, que también se considera un acto criminal el ayudar a una persona que no está autorizada a representar casos de inmigración.

Con esto puso en aviso a los medios de comunicación que tienen una responsabilidad de asegurarse que las personas que están publicando sus servicios en sus periódicos, emisoras, etc., sean en realidad consultores de Inmigración certificados por el ICCRC. De no hacerlo y publicarle sus avisos, los medios están ayudando a cometer un crimen y por lo tanto también se les puede hacer cargos por cometer un delito criminal.

Esto me pareció muy interesante porque a veces las personas ven que alguien se está publicitando en un medio de comunicación y automáticamente asumen que esta persona está licenciada para practicar, por lo que toman sus servicios, cuando en realidad hay muchas personas que no están licenciadas y hacen publicidad, particularmente en los medios de comunicación de nuestra comunidad.

Definitivamente, con las ultimas medidas adoptadas el gobierno ha hecho todo lo posible para poder proteger a los clientes, a las personas que necesitan ayuda para inmigración, pero ahora queda en la persona misma el asegurarse de que al representante legal que contratará este autorizado por el ICCRC o por la Barra de abogados.

Esto es muy fácil chequearlo, simplemente hay que entrar en el sitio web de la Barra de Abogados y chequear la lista de abogados autorizado en la provincia de Ontario, y ver si la persona que lo está representando y que dice ser un abogado aparece en es lista. Lo mismo se debe hacer con los consultores: se va a la página web del ICCRC, se busca la lista de miembros, y ahí aparece el nombre de los aproximadamente 1,200 consultores que están acreditados a nivel nacional e internacional para representar personas ante el Departamento de Inmigración.