Preguntas legítimas acerca de la situación en Nicaragua

POR GUILLERMO FERNÁNDEZ AMPIÉ* / MEXICO /

En los últimos días Nicaragua ha vuelto a ocupar cierto espacio en las primeras planas de los grandes medios corporativos internacionales. De alguna manera recuerdan el tiempo en que toda Centroamérica estaba en la agenda periodística cotidianamente. En ese entonces las palabras y las imágenes hablaban de un pueblo que se insurreccionó contra un dictador cuya familia se mantuvo por décadas en el poder gracias al apoyo militar, económico y político de distintos gobiernos estadounidenses.

Luego, durante la revolución, las noticias daban cuenta de las atrocidades que cometían ese grupo irregular conocido como “los contras”, financiados, equipados y entrenados por agentes de Estados Unidos. El entonces presidente Ronald Reagan los llamó “combatientes por la libertad” y los comparó con los llamados “padres fundadores” de su país.  Fueron los años de una guerra sucia, ilegal, ilegítima e inmoral que ni siquiera el derecho internacional pudo detener, cuando las democracias europeas prefirieron ignorar lo que pasaba. El argumento de los gobernantes estadounidenses era que estaban promoviendo la democracia y los derechos humanos.

Después, con la derrota electoral del FSLN, llegó una época que las potencias del mundo calificaron como “democrática”, pero para la mayoría de la población significó desempleo, inseguridad social, delincuencia incontrolable, exclusión y la eliminación de la gratuidad de servicios sociales, como salud y educación. Hubo protestas y reclamos, pero se impuso ese modelo. pero las desgracias de los más pobres de Nicaragua ya no eran de interés periodístico.

Las noticias que circulan ahora hablan de “cacería de opositores”, “una ruptura del orden democrático” (Luis Almagro dixit), del establecimiento de una nueva dictadura. El torrente de información que ahora circula sobre el pequeño país centroamericano puede convencer a cualquiera de que una pareja de ancianos se ha trastornado y utilizan las instituciones del Estado y los cuerpos de seguridad para perseguir y encarcelar a toda aquella persona que no es de su agrado, y que están dispuesto a hacer lo indecible con tal de mantenerse en el poder.

Ante esa versión, que se repite desde las páginas de The New York Times, en los principales medios de comunicaciones impresos, radiales y televisivos y digitales en México, en el diario español El País y sus congéneres, y las empresas noticiosas paraestatales BBC, del Reino Unido, y Deutsche Welle, de Alemania, entre tantas otras, es necesario hacerse algunas otras preguntas y, por cierto, muy legítimas.

Para obtener un panorama completo y comprender mejor lo que ocurre entre los nicaragüenses, también es necesario indagar con detenimiento cuáles son las leyes en la que se amparan las últimas acciones realizadas por el gobierno de Nicaragua. ¿Qué hay verdaderamente detrás de todo eso? Representantes de las autoridades nicaragüenses han argumentado que los fondos que han entregado a políticos, periodistas y otras organizaciones nicaragüenses por agencias estadounidenses -como USAID y la NED (la misma que financió a “los contras” en los años ochenta)- y de países europeos, han servido para financiar movimientos de oposición y crear inestabilidad en el país.

Parte de esos fondos han sido entregados a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dirigida por Cristiana Chamorro, hija del expresidente nicaragüense, y distribuidos entre varios medios de oposición al gobierno de Ortega, entre ellos los dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro (hermano de Cristiana) y al diario La Prensa, propiedad también de la familia Chamorro. Resulta legítimo preguntarse si no existe algún conflicto de interés, algún dilema ético, entre quien recibió esos dineros y quienes los recibieron, considerando que todos son miembros de una misma familia. Es algo que también se parece mucho a una práctica de la que se acusa al gobierno de Ortega.

También es legítimo cuestionarse si la fundación que financió a “los contras” que asesinaban a simpatizantes sandinistas y a beneficiarios de las políticas sociales de la revolución en los años ochenta, está financiando ahora “la democracia”. Incluso, es necesario preguntarse, qué tipo de democracia están financiando y desean construir esos organismos estadounidenses y europeos. Más aún, ¿cuándo y en qué lugar del mundo Estados Unidos realmente defendió y promovió la instalación de gobiernos democráticos?

Son muchas las interrogantes que surgen ante y acerca de lo que ocurre en Nicaragua, generadas también por ese grueso torrente condenatorio del gobierno de Ortega, y resulta imposible exponerlas en este pequeño espacio.  Es más, cada lector deberá hacer sus propias interrogantes.

Después que se demostró que los medios internacionales mencionados líneas atrás no se esforzaron por cuestionar  las afirmaciones  de las autoridades estadounidenses, británicas y españolas, y contribuyeron a convencer a la opinión pública internacional de que Saddam Hussein era un monstruo que amenazaba al mundo con armas de destrucción masiva (lo cual resultó falso y costó la vida a más de medio millón de iraquíes), también es legítimo cuestionarse si lo que está ocurriendo en Nicaragua es tal como ello informan e interpretan.

*Guillermo Fernández Ampié es un periodista nicaragüense con doctorado en Estudios Latinoamericanos, quien actualmente es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

*Imagen de www.coha.org