
POR OSCAR VIGIL / TORONTO /
Parece que todo fue un exabrupto del Premier de Ontario, Doug Ford, quien aparentemente quería seguir los pasos de México en la búsqueda de conformar un mejor sistema judicial: elegir a los jueces de la provincia a través del voto de los ciudadanos, en elecciones libres.
Pero el Fiscal General Doug Downey se retractó de las declaraciones de Ford, quien dijo que “quizás” el proceso de nombrar jueces, en lugar de elegirlos, sea el “problema”, y que tal vez deberíamos “empezar a elegir a nuestros jueces y exigirles responsabilidades”. Downey argumentó que las declaraciones del Premier de Ontario surgieron de la frustración y que no es algo que el gobierno provincial esté realmente buscando.
La semana pasada, Ford lanzó una larga diatriba contra los jueces “terribles y compasivos”, quienes, según él, bloquean la agenda de su gobierno y a menudo son demasiado indulgentes con la delincuencia.
Dichas declaraciones se produjeron poco después de que un juez otorgara una orden judicial que impedirá temporalmente que el gobierno provincial elimine varios carriles para bicicletas en Toronto.
“Creo que la frustración que esto genera es real. Él (Ford) está expresando lo que escuchamos en las calles y de la gente. No es algo que estemos buscando. Pero es importante que persigamos a los infractores, a los violentos y reincidentes…”, declaró Downey durante una conferencia de prensa.
Las declaraciones de Ford generaron críticas inmediatas de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, que las calificó de “profundamente alarmantes”.
Los presidentes de la Corte Suprema de Ontario, Michael Tulloch, Geoffrey Morawetz y Sharon Nicklas, también emitieron una declaración conjunta en la que enfatizaron que “la independencia judicial es una piedra angular de nuestra democracia constitucional” y debe mantenerse.
“Nuestro sistema de justicia se basa en la confianza pública de que las decisiones, sean populares o no, se escuchan con plena atención y se toman de manera justa”, señaló la declaración. “Es crucial que el poder judicial sea realmente independiente y parezca independiente para que el público pueda confiar en que las decisiones judiciales se toman sin sesgos”.