LUISA MONCADA / TORONTO /
La insurrección popular que inició en Nicaragua el 18 de abril ha dejado como saldo 127 asesinatos, 12 desaparecidos y miles de heridos hasta el 1 de junio del presente año. En el día en el que se conmemoró a las madres en la nación centroamericana, se registró la marcha más sangrienta en la historia nicaragüense.
El joven Jorge Guerrero Rivas se sumó junto a su progenitora a la denominada “Madre de todas las marchas” el pasado 30 de mayo en la ciudad de Managua, capital de Nicaragua. La iniciativa, que fue convocada por el movimiento “Madres de Abril”, buscaba solidarizarse con el clamor de justicia de las mujeres nicaragüenses que ese día no celebrarían porque sus hijos fueron ejecutados en las diferentes jornadas de protestas originadas por las reformas al sistema de Seguro Social. Lo que la mamá de Jorge no sabía, es que, al finalizar la marcha, su hijo sería asesinado frente a sus ojos.
En la multitudinaria manifestación, junto a Guerrero Rivas, 15 victimas más fueron brutalmente asesinadas, la cifra incluye a un menor de tan solo 15 años de edad; según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El Cenidh señaló como culpables de la masacre al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta del país. “Los agresores fueron la policía represiva y las fuerzas de choque al mando de presidente de la República”, acotó la fundación que participó de la marcha y constató que la mayoría de los asesinatos se cometieron con armas de precisión y disparos certeros al corazón y el tórax.
Los acontecimientos situaron en un punto muerto el proceso de Diálogo que el gobierno nicaragüense inició el pasado 16 de mayo junto a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (integrada por estudiantes, sector privado y sociedad civil) y la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
“No se puede reanudar la mesa de Diálogo Nacional mientras al pueblo de Nicaragua se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado”, sostuvo la Conferencia Episcopal en un comunicado de prensa en el que a la vez condenaron “enérgicamente y en modo absoluto la «violencia organizada y sistemática» contra sus ciudadanos.
Paralelo a esto, Azalea Solís, quien es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo que “en las condiciones de represión no se puede dialogar bajo ninguna circunstancia. Este 30 de mayo hubo una masacre, un patrón sangriento más elevado. Ortega quedó moralmente incapacitado para gobernar”.
Lo que inició como una protesta pacifica que exigía la derogación de una reforma legal en las que se establecía una reducción del 5% en las pensiones y establecía el aumento de los aportes de las empresas, asegurados y jubilados con el propósito de resolver la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (la enmienda se derogó el 22 de abril); 50 días después ha mutado en la exigencia de varios sectores sociales, e incluso parte de la comunidad internacional, para que Daniel Ortega y el Frente Sandinista para la Liberación Nacional entreguen el poder y se convoque a elecciones anticipadas.
Daniel Ortega: “Nicaragua nos pertenece a todos, y aquí nos quedamos todos”
Mientras la “Madre de todas las Marchas” llenaba cuatro kilómetros de la capital nicaragüense gritando consignas como “Ni perdón, ni olvido. Queremos reparación y castigo”, el presidente Daniel Ortega también realizó una concentración junto sus seguidores.
“Nicaragua no es propiedad privada de nadie. Los dueños de Nicaragua somos los nicaragüenses independientemente de su pensamiento político, ideológico o religioso… Nicaragua nos pertenece a todos, y aquí nos quedamos todos”, respondió el mandatario a quienes exigen su renuncia.
Un día después, el Ejecutivo emitió un comunicado de prensa en el que una vez más se declaró abierto al diálogo como único camino que podrá poner fin a la crisis política que vive el país: “El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ratifica al pueblo y a la Comunidad Internacional, que repudia y lucha junto a las familias, enfrentando con la razón y las leyes, esta ola criminal y delictiva que azota a Nicaragua”. También rechazaron “todas las acusaciones de los grupos que en una provocación demencial y sin precedentes en nuestro país, se confabulan denunciando “ataques” inexistentes, luego atacan y producen víctimas para culpabilizar a las instituciones del orden público”, según la versión oficial.
Esta no fue la primera vez en la que el presidente Ortega y su esposa, se pronuncian ante las violentas jornadas bajo su mandato. Tras la sesión de diálogo inicial, la vicepresidenta nicaragüense comparó las protestas con las 7 plagas bíblicas de Egipto: “Todo lo que vivimos en el país, es como las siete plagas, nos está asolando… Cuánto hemos perdido ya a consecuencia de la destrucción… La peste nos quita el derecho a respirar, a vivir, a acudir a nuestros templos a curarnos, a sanarnos, a buscar medicinas en tantas familias nicaragüenses”, señaló Rosario Murillo.
Hasta este 5 de junio, el gobierno nicaragüense solo reconocía 23 asesinatos cometidos en las marchas a favor y en contra del mandato de Ortega, en contraposición a las 127 víctimas que registraban las diferentes organizaciones de defensa de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional: “Gobierno de Nicaragua tiene una sistemática política de disparar a matar”
El pasado 29 de mayo, Amnistía Internacional (AI) presentó ante medios de comunicación nacionales e internacionales, su informe “Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua”. En el documento se corrobora que la mayoría de las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas del 18 de abril a la fecha, se han operado con el conocimiento del presidente Daniel Ortega y que los culpables son los grupos parapoliciales, la Policía Nacional y las fuerzas antimotines. Las declaraciones de AI elevan los asesinatos a la categoría de “ejecuciones extrajudiciales”, un delito que atenta contra el derecho internacional humanitario.
En las 36 páginas también se acusa al gobierno nicaragüense de no investigar los crímenes de manera adecuada: “Otra cuestión fue el encubrimiento de las pruebas: no se generaron las autopsias u otro tipo de evidencias forenses. A veces las familias realizaron sus propias autopsias”, declaró la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara. La defensora de Derechos Humanos denunció que algunos de los familiares de las víctimas han sufrido acoso policial, amenazas y habrían sido obligados a firmar un “acta de desistimiento de denuncia” a cambio de entregarles los cuerpos sin vida de sus seres queridos.
Amnistía Internacional afirma que la presidencia utiliza una táctica “de choque” a través de particulares armados o grupos parapoliciales (llamadas popularmente turbas sandinistas), que actúan para “multiplicar la capacidad represora de naturaleza letal del gobierno” en coordinación y con la tolerancia de las autoridades estatales, en especial la Policía Nacional.
Así mismo certificaron que algunos hospitales públicos negaron el acceso a la salud a las personas de la oposición que resultaron lesionadas en el marco de la jornada de protesta del 18 de abril. Cómo consecuencia de esto, varios jóvenes murieron por falta de atención médica.
El informe documenta que, en las primeras semanas de la crisis, “las autoridades también violaron el derecho de la población a acceder a la información bloqueando la transmisión de cuatro canales de televisión que cubrían las protestas. Una emisora de radio fue incendiada, al menos a una docena de periodistas les robaron, amenazaron o atacaron, y a un reportero, Ángel Gahona, lo mataron de un tiro mientras retransmitía en directo en la ciudad costera de Bluefields”.
Tras la represión a la “Madre de todas las Marchas”, AI testificó que luego de que una de sus delegaciones acompañara la marcha, pudieron verificar que “el caos por la detonación de armas de fuego fue provocado por policías y por las ‘turbas sandinistas’”.
El reporte de AI se suma al presentado días atrás por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que también se exige el cese de la represión gubernamental contra los manifestantes, la detención arbitraria de quienes participan en las protestas, la censura a los medios de comunicación y piden se promueva el respeto a la libertad de expresión.
Importantes perdidas económicas
Los enfrentamientos mortales entre manifestantes y aliados al gobierno han causado un impacto en la economía sumamente perjudicial. Según estimaciones del Banco Central de Nicaragua, del 18 de abril al 22 de mayo ya se habían registrado perdidas de por lo menos US$250 millones.
Según la Cámara Nacional de Turismo, el perjuicio en su sector podría ascender a más de US$170 millones. Si sumamos esto al aumento en el desempleo, los saqueos a diferentes supermercados y tiendas de electrodomésticos y la quema de mercados, podríamos prever que este año, Nicaragua no logrará alcanzar la tasa de crecimiento económico del 5% prevista por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En los últimos siete años, Nicaragua había logrado alcanzar un crecimiento económico sostenido en torno a un 5%, por lo que, al cierre de 2017, la CEPAL previó que se convertiría en el tercer país de América Latina con mayor incremento de su Producto Interno Bruto en 2018.
Comunidad internacional consternada por situación en Nicaragua
A nivel internacional, varios países se han pronunciado ante la respuesta del gobierno nicaragüense a la ola de protestas. Canadá, a través de su ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, dijo que el país esperará con interés la resolución del conflicto por medio del diálogo pacífico y que “la protección de los derechos y la seguridad de todos los nicaragüenses durante este será esencial para su éxito”. Estados Unidos condenó “la violencia y el uso excesivo de la fuerza de parte de la Policía y otras personas contra los civiles que ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión y reunión”.
Mientras que el Parlamento Europeo calificó de “brutal represión e intimidación de manifestantes pacíficos en Nicaragua” y pidió una reforma electoral que conduzca a elecciones justas y creíbles en el país.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, en un comunicado conjunto, hicieron un “urgente llamado” a detener la confrontación en Nicaragua, manifestando su “preocupación” y lamentando los actos de violencia ante los cuales expresaron “sus condolencias y solidaridad con las víctimas y sus familiares”.
Drástica caída en las encuestas
El pasado 18 de febrero el presidente, Daniel Ortega Saavedra, con un nivel de aprobación del 54% fue el mandatario mejor evaluado de Latinoamérica, según un sondeo presentado por la firma encuestadora Cid Gallup. Estos datos se obtuvieron tras entrevistar a los ciudadanos de Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Perú para que evaluaran la gestión de sus jefes de Estado.
A solo tres meses de esto, un nuevo estudio presentado por la misma casa encuestadora da referencia de que el hombre que ha gobernado Nicaragua por 11 años consecutivos empieza a perder popularidad. La encuesta realizada entre el 5 y el 14 de mayo del presente año refleja que el 58% de los consultados evalúan mal o muy mal el trabajo de Ortega y el 69% cree que la familia presidencial debe dejar inmediatamente el poder.
Mientras tanto, la violencia provocada por la inesperada erupción social continúa en ascenso en el país que, hasta el pasado 18 de abril, se posicionaba a si mismo como el más seguro de América Latina.
*Luisa Moncada, periodista salvadoreña radicada en Toronto
