Gobierno liberal propone legislación que limitará los derechos de los ciudadanos y de inmigrantes

El Proyecto de Ley C-2, o Ley de Fronteras Fuertes, está ya en discusión en el Senado y se espera llegue al Parlamento tras el receso de verano

POR OSCAR VIGIL / TORONTO /

Bajo la tesis de que la nueva legislación, conocida como “Ley de Fronteras Fuertes” o Proyecto de Ley C-2, fortalecerá las fronteras de Canadá contra el crimen organizado, el recién nombrado Ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, ha presentado una nueva legislación que realmente limitará los derechos de la ciudadanía y también las posibilidades para los solicitantes de refugio.

El proyecto de ley, que la semana pasada tuvo su primera lectura en el Senado, supuestamente combatirá el crimen organizado y el fentanilo; asegurará la frontera; y ofrecerá más herramientas para combatir los delitos financieros. Propone también cambios en las acciones de las fuerzas del orden sin orden judicial, ya que “aclararía la capacidad de las fuerzas del orden para ejercer facultades específicas e incautar información específica sin orden judicial en circunstancias urgentes”.

También modificaría la Ley de la Corporación Postal de Canadá para eliminar las barreras que impiden a la policía registrar el correo, cuando esté autorizada a hacerlo, para avanzar en una investigación criminal. El proyecto de ley también permite a la autoridad de inspección de Correos de Canadá abrir el correo.

Para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, se han impuesto nuevas restricciones a las transacciones en efectivo superiores a 10,000 dólares y a los depósitos en efectivo de una persona en la cuenta de otra.

Funcionarios del departamento afirman que estos cambios no afectarán a los canadienses respetuosos de la ley que utilizan plataformas de pago electrónico, tarjetas de crédito o cheques, ya que no se aplicarán a las instituciones que aceptan depósitos, como los bancos.

El proyecto de ley propone nuevas normas que permiten a los agentes fronterizos entrar y examinar las instalaciones bajo el control de transportistas y operadores de almacenes.

También permitiría a la Guardia Costera Canadiense realizar patrullas de seguridad y analizar y difundir información e inteligencia con fines de seguridad.

Estos cambios se complementarían con los cambios existentes en la aplicación de la ley fronteriza, incluyendo la vigilancia permanente de la frontera mediante helicópteros, drones y torres de vigilancia. El gobierno había comprometido previamente 1,300 millones de dólares para actualizar su régimen de aplicación de la ley fronteriza.

El proyecto de ley también introduce reformas a los procesos de inmigración de Canadá, ya que “fortalecerá las autoridades para cancelar, suspender o modificar documentos de inmigración, así como para cancelar, suspender o dejar de aceptar nuevas solicitudes”.

Las solicitudes de refugio presentadas por personas que hayan llegado a Canadá por primera vez más de un año después del 24 de junio de 2020 no se remitirán a la Junta de Inmigración y Refugiados, responsable de tomar decisiones sobre las solicitudes de refugio. Y las personas que entren a Canadá desde Estados Unidos a pie entre los puertos de entrada tendrán solo 14 días para presentar una solicitud de asilo.

Las personas afectadas por estas normas de inelegibilidad pueden solicitar una “evaluación de riesgo previa a la expulsión” para asegurarse de no ser devueltas a un país donde podrían sufrir daños.

También establece que “en un esfuerzo por acelerar” las salidas voluntarias, las órdenes de expulsión entrarían en vigor en el mismo momento en que se retira una solicitud. A los solicitantes vulnerables, como menores y quienes no comprendan el proceso, se les asignarían representantes de apoyo. Los casos de asilo inactivos se eliminarían del sistema.

Las criticas a la nueva propuesta de ley promovida por el primer ministro Mark Carney iniciaron de inmediato y se están multiplicando a través del país.

La Red por los Derechos de los Migrantes condenó enérgicamente el Proyecto de Ley C-2, porque “socava fundamentalmente el sistema canadiense de refugiados e inmigración, violando así las obligaciones internacionales y los derechos humanos fundamentales. La Ley, relativa a ciertas medidas relativas a la seguridad de la frontera entre Canadá y Estados Unidos y a otras medidas de seguridad conexas, contiene varias secciones preocupantes que restringirán drásticamente la protección de los refugiados y permitirán deportaciones masivas y la exclusión migratoria”.

“El primer ministro Carney hizo campaña defendiendo su diferencia con Donald Trump; sin embargo, su primer proyecto de ley es una vergonzosa capitulación ante el racismo y la xenofobia, que incumple las obligaciones legales y morales de Canadá con los refugiados y los migrantes. Estamos presenciando la expansión deliberada de una maquinaria de deportaciones masivas diseñada para desmembrar familias y comunidades. Con más de 3000 permisos de estudio y trabajo que vencen a diario debido a los cambios de Trudeau, este proyecto de ley continúa una catástrofe humanitaria. Este proyecto de ley es inmoral, es ilegal y será detenido”, dijo Syed Hussan, portavoz de la Red de Derechos de los Migrantes.

Señala por ejemplo que proporciona poderes Ministeriales Ilimitados para las Deportaciones Masivas: “La legislación otorga al Ministro de Inmigración amplias facultades para cancelar, suspender o modificar documentos de inmigración de grupos enteros sin el debido proceso. Esto incluye la facultad de suspender la aceptación de nuevas solicitudes y cancelar las existentes incluso después de su presentación. Esto significa que a los migrantes en Canadá se les podría revocar su estatus en masa, incluso si hubieran solicitado la residencia permanente o la condición de refugiado”.