POR OSCAR VIGIL / TORONTO /
Si usted pensaba que una vez terminada (o por lo menos controlada) la pandemia del COVID19 todo iba a volver a la normalidad en las escuelas de Ontario, déjeme decirle que estaba equivocado. Porque hoy por hoy, el sistema educativo de la provincia parece estar amenazado por otra nueva pandemia: la prepotencia.
Lo que reina esta semana es la incertidumbre sobre lo que va a suceder en Ontario con las negociaciones y forcejeos que se llevan a cabo entre el gobierno conservador del Premier Doug Ford y el sindicato de trabajadores de las escuelas, que incluye a los educadores de la primera infancia, los custodios y los bibliotecarios.
Las negociaciones entre ambos, el Ministro de Educación de la provincia, Stephen Lecce, y el representante de los trabajadores, la Canadian Union of Public Employees (CUPE), están en su momento más bajo y a las puertas de un conflicto que ya está llegando a los tribunales, y en el cual los más afectados serán los alumnos y sus padres, ya que deberán quedarse en casa una vez las escuelas sean cerradas.
Los empleados notificaron ya al gobierno provincial que se van a paro a partir del final de la semana, y el gobierno conservador por su parte está procesando una legislación que les impide irse a la huelga, un derecho por cierto considerado como fundamental en toda democracia.
Pero igual, con legislación o sin legislación en contra, el paro va, dicen los empleados de educación, quienes califican la medida tomada por el gobierno como “acoso escolar” (bullying), algo que ellos combaten en los salones de clase.
El conflicto ha llegado a tal nivel, que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, se ha visto obligado a condenar las acciones del Premier Doug Ford: “La suspensión de los derechos de las personas es algo que solo se debe hacer en las circunstancias más excepcionales, y realmente espero que todos los políticos llamen la atención sobre el uso excesivo de la “cláusula sin prejuicio” (notwithstanding clause) para suspender los derechos y libertades de las personas”, le dijo.
La “notwithstanding clause” permite que la legislatura anule partes de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades por un período de cinco años.
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