Por Vilma Filici
filici@filici.com
TORONTO. Una de las noticias más importantes en estos días para las comunidades inmigrantes ha sido que el Partido Conservador de Canadá quiere modificar el Código Penal con el objetivo de que se establezcan penas más duras para las personas que viven en el país y que no son ciudadanos canadienses. La lógica tras esta intención es que consideran que actualmente existe un doble rasero en el sistema judicial que permite que los extranjeros reciban sentencias más leves que los canadienses condenados por el mismo delito.
La diputada conservadora Michelle Rempel Garner dijo que su partido presentará un proyecto de ley de iniciativa privada cuando la Cámara de los Comunes regrese a sesiones en septiembre, y prometió que el cambio “restaurará el valor de la ciudadanía canadiense”, dado que “establecerá expresamente que no se debe tomar en consideración el posible impacto de una sentencia en la situación migratoria de un infractor extranjero condenado, ni en la de sus familiares”.
Hay que recordar que actualmente, si una persona que no es ciudadana canadiense comete un acto criminal y es encontrada culpable, si el juez le impone una condena de seis meses o más esa persona pierde todos sus derechos a una apelación ante el Consejo de Apelaciones de Inmigración de Canadá. Este es un cuerpo de apelaciones que tiene el poder de decidir si, en el momento en que se emitió la orden de deportación, hubo un error de hechos, de interpretación de los hechos, un error legal, una falta a los derechos de la persona, o si existen razones humanitarias y de compasión para que esa persona permanezca en el país a pesar de tener un récord criminal.
Esta legislación, conocida como Ley C-46, supuestamente tiene como objetivo atacar a los criminales de alto riesgo que llegan al país, personas verdaderamente peligrosas como narcotraficantes. Casos en los que nadie querría tener a esas personas como vecinos. Sin embargo, no son solamente estas personas las que están siendo afectadas por esta legislación, ya que representan solo un grupo minoritario al que se le aplica.
Pero los diputados conservadores, que apoyaron la promulgación de la Ley C-46 en el año 2018, dicen que en lo que respecta a la imposición de sentencias a extranjeros, Canadá ha adoptado esencialmente una justicia de dos niveles que favorece en las sentencias a los inmigrantes, y lo cual atenta contra todos los principios de equidad que deberían ser fundamentales para nuestro sistema judicial.
No obstante, los expertos en el tema coinciden en que la descripción que hacen los conservadores del sistema judicial canadiense como sesgado a favor de los extranjeros es simplemente falsa, ya que la ley está diseñada para garantizar que la sentencia se ajuste al delito, independientemente del estatus del delincuente.
Un fallo del año 2013 de la Corte Suprema de Canadá estableció que al sentenciar a un extranjero, un juez puede utilizar la situación migratoria del infractor como uno de varios factores al considerar la pena impuesta, y eso es lo que hacen los jueces al dictar sentencia, tomar en cuenta los factores individuales relevantes del acusado, tales como si tiene un problema de abuso de sustancias; si es padre o madre soltero/a y qué le sucederá a su hijo/a; las posibilidades de rehabilitación, y también puede tomarse en consideración la situación migratoria de la persona.
Pero estos factores en sí no pueden utilizarse para reducir la pena por debajo del mínimo estándar correspondiente al delito, dicen los expertos, insistiendo en que los planteamientos de la diputada Michelle Rempel Garner están alejados de la realidad.
Está por verse qué va a suceder sobre esta legislación cuando la Cámara de los Comunes reinicie sus funciones en Septiembre, pero a propósito del tema quiero alertar a los miembros de la comunidad que ya son residentes permanentes pero que aún no han obtenido la ciudadanía canadiense, así como también a quienes viven de forma indocumentada en Canadá, sobre la importancia de tener extremo cuidado con la participación en hechos criminales.
Lamentablemente, en nuestra comunidad hay muchas personas que viven de forma indocumentada, e incluso personas que piensan que al tener la residencia permanente ya están libres de ser deportados, lo que los lleva a cometer muchos errores. Me refiero a personas que tienen problemas con las autoridades, ya sea por haber cometido hurto en un negocio, manejar en estado de ebriedad o haber agredido a un miembro de su familia.
Estos son realmente crímenes comunes que a veces se cometen por cuestiones culturales. Por ejemplo, personas que, para disciplinar a sus hijos usan la violencia, sin darse cuenta de que en Canadá golpear a un hijo se considera asalto. Y si se usa un cinturón u otro objeto, esto se clasifica como asalto con un arma.
Es un grave error no estar al tanto de que lo que una persona podría considerar disciplina según su cultura, en Canadá se considera un crimen, específicamente asalto a una persona, ya sea la esposa, los hijos o cualquier otro miembro de la familia.
Otro error es que, una vez cometido el delito, la persona va a la Corte y, estando allí, muchas veces se deja convencer por el fiscal o su abogado defensor y se declara culpable del hecho, pensando que, como ya es residente permanente o la condena no será severa, no tendrá ningún problema.
Lo que esta persona no entiende es que, al ser solo residente permanente, es decir, no tener aún la ciudadanía, ser encontrado culpable de un delito automáticamente la hace inadmisible a Canadá por razones criminales.
Lo que sucede es que, una vez finalizado el proceso penal en la Corte, la persona es llamada por el Departamento de Inmigración. Muchas personas, al ser residentes permanentes, piensan que no tienen nada de qué preocuparse ante el Departamento de Inmigración, ya que tienen estatus legal.
Van confiados a la entrevista, sin darse cuenta de que esta está relacionada con el hecho de haber sido encontrado culpable de un acto criminal, lo que los hace automáticamente inadmisibles a Canadá. El oficial de inmigración los entrevista para determinar si existen suficientes razones humanitarias para simplemente advertirles que deben obedecer las leyes o, si concluye que podrían cometer delitos en el futuro, enviarlos a un juicio de inadmisibilidad para emitir una orden de deportación.
Esta es una entrevista muy seria. Por lo tanto, cuando se asiste a ella, es crucial ir bien preparado, con documentación que demuestre los motivos por los cuales a la persona se le debería permitir permanecer en el país, a pesar de haber tenido problemas con las autoridades.
En dicha entrevista también es necesario demostrar que, aunque la persona haya tenido problemas con las autoridades, ha tomado medidas para asegurarse de que no volverá a cometer ningún tipo de criminalidad. Es importante mostrarle al oficial de inmigración que la persona asume responsabilidad por sus acciones delictivas y que ha tomado medidas para evitar repetir los mismos errores en el futuro.
Por ejemplo, si la persona actuó bajo los efectos del alcohol, debe demostrar primero que está arrepentida y consciente del error que cometió, y luego, que ha asistido a sesiones de Alcohólicos Anónimos y continúa yendo para no volver a beber.
Una persona que haya agredido a su esposa o hijos, pero que ya sea residente permanente, debe demostrar al oficial de inmigración que ha asumido la responsabilidad por su error y que está tomando medidas para corregir su comportamiento, como asistir a cursos sobre manejo de la ira. Dependiendo del tipo de delito, se debe demostrar que se está enmendando el error y asegurándose de que no volverá a ocurrir.
El problema es que muchas personas asisten a estas entrevistas tratando de convencer al oficial de inmigración de que no son responsables del crimen, argumentando que solo estaban corrigiendo el comportamiento de un hijo, esposa, etc. Al hacer esto, le están diciendo al oficial que no aceptan responsabilidad por el error cometido, y como resultado, el oficial probablemente los enviará a un juicio de inadmisibilidad donde se les quitará la residencia permanente.
