
Por Vilma Filici
filici@filici.com
TORONTO. El ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá hizo un anuncio esta semana el cual va a afectar directamente tanto a los refugiados como a los solicitantes de refugio que llegan al país.
El anuncio es que, a partir del 1 de mayo, estas personas que actualmente tienen cobertura médica completa de forma gratuita, pagada por el gobierno federal, van a tener que pagar parte de los tratamientos médicos y medicinas que necesiten en el país. Y estamos hablando de quienes han llegado y han pedido refugio y están esperando su audiencia, que, en estos momentos, hay más de 300,000, así como también las personas que fueron rechazadas como refugiados pero que están en proceso de apelación, y los refugiados que fueron patrocinados por el gobierno canadiense o por organizaciones sociales (como los sirios y los afganos),
A partir de esa fecha, estas personas van a tener que empezar a hacer un “copago” por los servicios médicos, van a tener que empezar a pagar el 30% de algunos de los servicios de salud que van a recibir, así como también van a tener que pagar 4 dólares cuando vayan a comprar o a buscar medicamentos que les sean dados bajo receta médica.
Hasta el momento, estas personas no tenían que pagar absolutamente nada, pero de ahora en adelante, cada vez que vayan a buscar una medicina tendrán que pagar 4 dólares por medicina. Si es una medicina pagarán 4 dólares, y si es más de una obviamente se sumarán 4 dólares por cada una.
En cuánto al 30%, el ministerio dice que este copago va a ser en productos o servicios suplementales a los que son cubiertos por el Interim Federal Health Program (Programa Federal Provisional de Salud, IFHP por sus siglas en inglés), el cual es financiado por el gobierno canadiense.
Pero para que quede claro, si una persona tiene un accidente, por ejemplo, y tiene que ir al hospital, todo lo que se haga en términos de chequeo médico, exámenes que necesiten hacer para lograr un diagnóstico, etc., van a continuar siendo cubiertos al 100% por el IFHP. Igual, si van al médico de familia porque están enfermos, también está cubierto completamente.
Los servicios para los que van a tener que pagar el 30% son por ejemplo si van al dentista por una situación de urgencia, si van al oftalmólogo, si necesitan consejería por una condición mental, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia de lenguaje, cualquier dispositivo de asistencia que necesiten, como por ejemplo prótesis o herramientas que les ayuden a la movilidad, aparatos para oír mejor, cuidados en la casa o cuidados de largo plazo, etc. Para todos los suministros y equipos médicos tendrán que hacer el copago del 30%.
Lo que va a suceder cuando estas personas vayan a pedir estos servicios es que, si están cubiertos por el IFHP, este les va a cubrir el 70 y ellos le van a tener que pagar directamente el profesional que los atienda el restante 30 por ciento.
Ante este anuncio ha habido bastantes críticas, principalmente de parte de los profesionales que trabajamos en temas migratorios y en organizaciones comunitarias. El gobierno dice que esto es necesario porque el número de personas que han pedido refugio básicamente ha aumentado muchísimo, y que en el Consejo de Refugiados de Canadá hay más de 300,000 casos que están esperando protección.
De hecho, en diciembre del año pasado había 300,163 solicitudes pendientes de decisión ante la junta de refugiados, pero los datos gubernamentales muestran que la recepción anual de nuevas solicitudes de refugio remitidas a la junta de refugiados disminuyó significativamente, de 190,039 en 2024 a 108,060 en 2025.
El Programa Federal Provisional de Salud se estableció en 1957 para ofrecer cobertura médica temporal, financiada con fondos públicos, a refugiados y personas protegidas que no cumplían los requisitos para recibir atención médica provincial.
Según el Departamento de Inmigración, cubrió a 623,365 beneficiarios en el año fiscal 2024-2025, frente a los 90,328 de hace una década, y los gastos ascendieron a 896,5 millones de dólares, un aumento de 306,1 millones de dólares con respecto al período 2023-2024 debido al aumento del volumen de solicitudes.
Pero lo que están diciendo los críticos de esta nueva medida es que con los cambios que se han implementado durante los últimos años, como por ejemplo en el Tratado del Tercer País Seguro, el cual cubre toda la frontera canadiense, muchas personas que están en los Estados Unidos ya no pueden entrar a pedir refugio a Canadá a menos que cumplan con alguna de las excepciones del tratado. Además, con lo que esperamos que pase ahora con la implementación, cuando se apruebe la ley C12, que las personas ya no podrán pedir refugio si han estado en el país por más de un año, etc., los números de solicitantes de refugio ya han empezado a bajar y van a bajar aún más.
Entonces, cae por su propio peso este argumento del gobierno de que están imponiendo el copago a los refugiados para asegurarse de que este beneficio sea sustentable y que puedan continuar proveyendo estos servicios esenciales a los refugiados actuales y los refugiados que vendrán en un futuro. El argumento en realidad no tiene mucho sentido porque hemos visto que los números están bajando y van a seguir bajando en el futuro.
Algo muy interesante es que sabemos que en el año 2012 el gobierno del primer ministro Stephen Harper eliminó los beneficios médicos a dos grupos de refugiados: uno eran personas que el ministerio de inmigración en ese momento creía que venían de países que en realidad no producían refugiados y que por tanto las personas básicamente estaban mintiendo, y el otro grupo era de personas que venían en grupos de más de dos usando traficantes para cruzar la frontera.
Pero esos cambios y la negación de darle servicios médicos a esos refugiados terminaron ante la Corte federal, y la Corte determinó que esta era una negación de derechos fundamentales de cualquier persona que llegara a Canadá, ya que cualquier persona que pisa suelo canadiense está protegida por la Carta de Derechos y Responsabilidades del ciudadano y está protegida por los derechos humanos. Y un derecho humano básico es el tener acceso a servicios de salud.
Esa legislación fue derogada por la Corte federal, y cuando entró el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau automáticamente les reintegraron estos servicios a los refugiados.
Va a ser interesante ver si va a haber demandas ante la Corte federal con relación al 30% que tendrán que pagar los refugiados y los solicitantes de refugio para poder recibir los servicios suplementales de salud. Tenemos que esperar y ver qué sucede.
Mientras tanto, quiero insistir en que estas personas, cuando estén yendo a un hospital o estén yendo a su médico de familia para un chequeo, no deberán pagar nada, todo continua igual bajo el IFHP, pero que para cualquier otro tratamiento suplemental van a tener que pagar el 30% del costo para poder recibir el tratamiento.
Hay algunos de estos servicios que personalmente me parece absurdo que les estén haciendo pagar extra a las personas, puesto que generalmente un número alto refugiados viene con desordenes de estrés postraumático a raíz de los problemas que han vivido en el país de origen, a raíz del abuso, de la violencia de la cual han sido víctimas en sus países, y necesitan consejería, necesitan ayuda psicológica. En esos casos por lo menos debería haber una excepción, los refugiados no deberían tener que pagar extra para recibir consejería o ayuda mental.



