Por Vilma Filici
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TORONTO. Hace un año atrás pasó algo que cambió el rumbo de la ciudadanía en Canadá. En diciembre de 2023, un juez del Tribunal Federal decidió que una parte de la Ley de Ciudadanía no era justa. Esa parte era la famosa regla del “límite de primera generación”, una regla que decía que un canadiense que había nacido fuera de Canadá no podía pasar la ciudadanía a un hijo también nacido fuera del país. Esta decisión judicial abrió una conversación nacional sobre quién es realmente canadiense, cómo se transmite la ciudadanía y por qué tantas familias estaban quedando atrapadas entre reglas confusas y antiguas. Lo que ocurrió ese día fue el inicio del cambio que hoy conocemos como el proyecto de ley C-3, aprobado en noviembre de 2025.
Para entender por qué esta reforma era necesaria, hay que recordar cómo funcionaba la ley antes. Durante muchos años, Canadá permitía que un canadiense nacido en el país transmitiera su ciudadanía a sus hijos nacidos en el extranjero sin ningún problema. Pero si esa persona canadiense había nacido fuera de Canadá, aunque hubiera vivido casi toda su vida dentro del país, no podía hacer lo mismo. Es decir, podía ser una persona que llegó a Canadá siendo bebé, que estudió aquí, trabajó aquí, pagó impuestos, formó su familia, y aun así no tenía el mismo derecho a transmitir la ciudadanía que alguien nacido en territorio canadiense. Esto creó situaciones absurdas: familias donde un hermano era ciudadano y otro no, padres canadienses cuyos hijos no eran reconocidos como tales, y jóvenes que crecieron pensando que eran canadienses solo para descubrir de adultos que legalmente no lo eran.
Ese problema afectó a miles de personas y dio origen al término “canadienses perdidos”. Eran personas que tenían lazos reales con Canadá, pero que por reglas antiguas y complicadas no podían acceder al estatus que, en sentido común, deberían tener. También afectó a familias que se movían mucho por razones laborales, como diplomáticos, militares, trabajadores de organizaciones internacionales o personas que simplemente vivían una temporada en el extranjero. No eran menos canadienses; simplemente sus vidas involucraban movilidad. Pero la ley no se había actualizado para reflejar la realidad del mundo moderno, donde viajar y vivir temporalmente en otros países es cada vez más común.
El caso judicial de diciembre de 2023 fue el detonante. El juez concluyó que esta regla era contraria a los principios de igualdad de la Carta de Derechos y Libertades porque trataba de manera diferente a dos tipos de canadienses: los nacidos dentro del país y los nacidos fuera. En su decisión, explicó que el lugar de nacimiento no podía determinar el valor de la ciudadanía ni limitar injustamente los derechos de una persona. A partir de ahí, surgió una presión enorme para que el gobierno actuara. Organizaciones, familias, abogados, académicos y políticos comenzaron a pedir que la ley fuera corregida. La discusión se volvió nacional, y por primera vez en años, el país empezó a hablar de ciudadanía no solo como un documento, sino como un derecho que impacta profundamente a las personas, a sus familias y a su sentido de pertenencia.
En respuesta a todo esto, el gobierno presentó el proyecto de ley C-3 en 2024. Su objetivo era corregir los errores del pasado y construir una ley más justa. Finalmente, el 21 de noviembre de 2025, este proyecto se convirtió en ley. Aunque todavía no ha entrado en vigor —el gobierno debe anunciar la fecha exacta de implementación—, el contenido de la ley es claro y ya está cambiando la manera en que muchas familias piensan su futuro.
Uno de los cambios más importantes es que se elimina el límite de primera generación. Esto quiere decir que, a partir de la aplicación de la nueva ley, un ciudadano canadiense podrá transmitir la ciudadanía a sus hijos nacidos en el extranjero sin importar si él mismo nació dentro o fuera del país. Esta modificación va a permitir que miles de niños y adultos que antes quedaban fuera del sistema puedan finalmente ser reconocidos como ciudadanos canadienses. Es un paso enorme para corregir la injusticia que vivieron tantas personas durante años.
Pero la reforma no solo se enfoca en este punto. También incluye medidas para ayudar a personas que perdieron la ciudadanía por reglas antiguas, algunas de ellas basadas en normas discriminatorias, especialmente en relación con el género o el estado civil. Por ejemplo, hubo mujeres que perdieron la ciudadanía por casarse con extranjeros, o hijos que no pudieron recibirla por leyes que ya no tienen sentido en un país moderno. Con esta reforma, esas personas tendrán la posibilidad de recuperar lo que nunca debieron haber perdido.
A pesar de estas mejoras, la ley también introduce un requisito nuevo que será fundamental en el futuro: la llamada “conexión sustancial” con Canadá. Esto significa que, para que un hijo nacido o adoptado en el extranjero pueda recibir la ciudadanía, el padre o madre canadiense deberá demostrar que ha vivido en Canadá al menos 1.095 días, es decir, tres años. La idea detrás de este requisito es mantener un equilibrio: permitir que la ciudadanía se transmita más allá de la primera generación, pero asegurarse de que exista un vínculo real con el país.
Este requisito es importante porque puede afectar a familias que viven largos periodos fuera de Canadá. Por eso, será esencial que las personas comiencen a guardar y organizar documentos que prueben su tiempo de residencia en el país. Estos documentos pueden incluir declaraciones de impuestos, recibos de pago, contratos de alquiler, historiales escolares, registros médicos, documentos migratorios e incluso sellos de entrada y salida en el pasaporte.
Es necesario aclarar que, aunque la ley está aprobada, todavía no se puede aplicar porque falta que el gobierno anuncie la fecha oficial de entrada en vigor. Además, el proceso no será automático. Las personas que quieran beneficiarse de la reforma deberán presentar una solicitud formal para obtener un certificado de ciudadanía. Esto significa que, incluso si califica bajo la nueva ley, una persona debe iniciar el trámite para que el gobierno reconozca su estatus. Por eso, es recomendable estar preparado con toda la documentación necesaria.
El impacto de esta reforma será profundo. Ayudará a canadienses que viven temporalmente fuera del país por trabajo o estudios. Beneficiará a familias mixtas, donde uno de los padres es canadiense y el otro no. Ayudará a quienes fueron excluidos por reglas injustas del pasado. Y simplificará el proceso para niños adoptados en el extranjero, quienes hasta ahora enfrentaban un camino desigual en comparación con los nacidos en Canadá.
En términos más amplios, esta reforma refleja una visión moderna de lo que significa ser canadiense. Reconoce que las familias actuales son diversas, internacionales y móviles. Entiende que la ciudadanía no debe estar limitada por fronteras o circunstancias que las personas no pueden controlar. Y afirma que el vínculo con Canadá no se pierde por vivir temporalmente en otro país.
Hace un año atrás, una decisión judicial abrió la puerta a este cambio. Hoy, con la aprobación del proyecto de ley C-3, el país da un paso importante hacia una ciudadanía más justa, más humana y más acorde con la realidad del mundo actual. Aunque todavía faltan detalles y guías oficiales, este es un momento histórico para miles de familias que por primera vez pueden ver una solución real y un camino claro hacia el reconocimiento de su identidad canadiense.
