Por Vilma Filici
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TORONTO. Durante años, Canadá ha repetido con orgullo que su éxito económico y social depende de la inmigración. En ese discurso, los trabajadores temporales y las personas protegidas han tenido un papel fundamental: han sostenido sectores clave y reflejan la imagen de un país inclusivo y solidario. Pero detrás de los anuncios y las cifras, hay una realidad mucho más compleja.
En los últimos meses, el panorama migratorio ha sido caótico. Cada nueva medida parece contradecir la anterior: más límites a los permisos de estudio, restricciones al trabajo de los cónyuges, reducción de cupos para trabajadores temporales y mensajes confusos que van y vienen entre apertura y contención. Lo que antes se mostraba como una política de puertas abiertas, hoy se parece más a un sistema lleno de filtros y excepciones.
En medio de ese escenario, los nuevos anuncios del gobierno canadiense llegan como un oasis en el desierto. La semana pasada se presentaron dos iniciativas temporales, que entrarán en vigor entre 2026 y 2027.
Por un lado, un programa para acelerar la residencia permanente de hasta 33.000 trabajadores temporales calificados; por otro, un plan para agilizar la residencia de 115.000 personas protegidas que ya viven en Canadá.
A primera vista, ambas medidas suenan esperanzadoras. Parecen reconocer el valor y la humanidad de quienes ya contribuyen a este país. Pero al analizarlas más a fondo, surgen las dudas: ¿se trata de una verdadera política de integración o de un gesto político para aliviar la presión de los números migratorios antes de las próximas elecciones? ¿Son una promesa real de pertenencia o un simple alivio temporal?
El primer anuncio promete una vía rápida hacia la residencia permanente para hasta 33.000 trabajadores temporales en sectores de alta demanda: salud, construcción, oficios especializados y tecnología. El objetivo es recompensar a quienes ya están integrados en sus comunidades y cubrir vacantes en regiones rurales o remotas donde faltan trabajadores.
Valoro esta medida. Los trabajadores temporales han sido, por años, la base silenciosa de la economía canadiense. Muchos llegaron buscando estabilidad, pagando impuestos y contribuyendo al país. Por eso, darles una oportunidad para obtener la residencia no es un favor: es un acto de justicia.
Sin embargo, la falta de detalles genera preocupación. Hablar de solo 33.000 cupos en un país con cientos de miles de trabajadores temporales no es una solución integral. Un programa limitado y con fecha de vencimiento no cambia la raíz del problema: miles de personas seguirán en el mismo limbo migratorio.
Además, el enfoque en ciertos sectores y regiones recuerda lo ocurrido con el TR-to-PR de 2021, un programa que terminó en caos. El portal colapsó, las cuotas se llenaron en pocas horas y miles de solicitantes quedaron fuera, a pesar de cumplir los requisitos. No fue falta de mérito, sino de espacio.
Si este nuevo programa repite ese modelo, volveremos a ver frustración y competencia entre personas que comparten el mismo sueño. Me preocupa que, bajo la apariencia de reconocimiento, se refuerce una jerarquía en la que el valor de los trabajadores depende del lugar donde viven o del tipo de trabajo que hacen.
Canadá necesita mano de obra, y la necesita de manera permanente. No tiene sentido seguir otorgando permisos temporales a personas que el país no puede darse el lujo de perder. Si ya son esenciales, su residencia debería ser una política estable, no una medida pasajera.
Lo que más me incomoda es esa gratitud burocrática: se agradece a los trabajadores por mantener la economía, pero no siempre se les permite ser parte plena de ella. Se les deja entrar para trabajar, pero no necesariamente para quedarse. Y en un país que presume de su justicia social, esa contradicción resulta cada vez más evidente.
El segundo anuncio, dirigido a 115.000 personas protegidas, busca acelerar su proceso hacia la residencia permanente. No es un nuevo programa, sino una simplificación administrativa: menos trámites, eliminación de requisitos repetidos (como un segundo examen médico) y prioridad para los casos ya en el sistema.
Me parece una medida positiva. Estas personas ya fueron reconocidas como protegidas tras un proceso largo y exigente ante el IRB o IRCC, demostrando un riesgo real si regresan a su país. Después de todo lo que han pasado, lo mínimo que merecen es estabilidad.
Sin embargo, presentarlo como una “iniciativa especial” puede enviar un mensaje confuso: como si el gobierno estuviera haciendo un favor en lugar de cumplir con una obligación moral y legal.
Agilizar procesos es importante, pero no suficiente. El problema principal está en las demoras estructurales: falta de personal, exceso de expedientes y procesos internos lentos. Mientras eso no cambie, la palabra “rápido” será relativa.
También me preocupa cómo se implementará. Aunque se eliminarán algunos pasos, como repetir exámenes médicos, seguirán siendo necesarios los controles de seguridad y los estudios de admisibilidad. En teoría, se quiere procesar 115.000 casos en dos años, pero eso requiere una capacidad operativa que IRCC no siempre ha demostrado.
Más allá de los números, pienso en las personas. Conozco casos de refugiados que llevan años esperando su residencia, sin poder reunirse con su familia o viajar. Cada mes de espera significa una vida detenida.
Por eso, celebro la intención, pero creo que lo que se necesita no es una “iniciativa”, sino una reparación. No se trata de dar un beneficio, sino de cumplir una promesa con quienes ya han demostrado su confianza en Canadá y su deseo de contribuir.
Ambas medidas —la de los trabajadores temporales y la de las personas protegidas— comparten un mismo origen: responder a la presión, no transformar el sistema.
La primera busca aliviar la dependencia de mano de obra temporal. La segunda, reducir los atrasos en el área humanitaria. Pero ninguna enfrenta el problema de fondo: un sistema que trata a muchas personas que ya viven aquí como si fueran visitantes temporales.
Siempre se dice que Canadá es un país de inmigrantes, y es cierto. Pero también es un país que ha creado una burocracia compleja para decidir quién puede quedarse y quién no. Esa forma de selección, que mezcla criterios económicos y políticos, muestra una visión más utilitaria que humana.
El verdadero desafío para 2026 y 2027 será romper con la lógica de temporalidad. Mientras la residencia permanente siga tratándose como un premio excepcional y no como el paso natural para quienes ya aportan al país, seguiremos atrapados en un ciclo de promesas que caducan cada dos años.
Canadá no necesita más programas temporales. Necesita políticas permanentes que reconozcan la pertenencia como un derecho, no como una excepción.
Estos anuncios muestran tanto lo mejor como lo peor del sistema migratorio canadiense: la voluntad de adaptarse, pero también la falta de soluciones duraderas.
Aprecio que se reconozca el esfuerzo de los trabajadores temporales y de las personas protegidas, pero creo que el éxito de estas medidas no se medirá en cifras, sino en su capacidad de cumplir con la promesa de inclusión y justicia.
Porque al final, los programas temporales terminan. Las vidas, no.
Y quienes ya construyen su futuro en Canadá merecen algo más que una oportunidad pasajera: merecen quedarse, contribuir y sentirse, finalmente, en casa.
