Qué cambia con el Bill C-12 y cómo impacta a quienes buscan asilo en Canadá

Por Vilma Filici

filici@filici.com

 

TORONTO. Llevamos ya bastante tiempo escuchando sobre el Bill C-12. Durante meses fue un tema de discusión en el mundo migratorio, especialmente entre quienes trabajamos con solicitudes de asilo. Finalmente, en fechas recientes, supimos que este proyecto de ley recibió el Royal Assent y entró en vigor de manera inmediata, marcando un antes y un después en el sistema de asilo en Canadá.

Pero, ¿qué es realmente el Bill C-12 y qué cambia?

En términos simples, el objetivo principal de esta ley es hacer el sistema de asilo más rápido, más organizado y con mayor control por parte del gobierno. Según la presentación oficial de IRCC, el enfoque está en reducir atrasos, eliminar procesos innecesarios y asegurar que solo los casos listos lleguen al tribunal.

Uno de los primeros cambios importantes es la simplificación del proceso de solicitud. Antes, las personas tenían que llenar múltiples formularios y repetir información varias veces. Ahora, la idea es reducir esa duplicación y hacer el proceso más directo. Esto puede parecer positivo, pero también implica que el gobierno tendrá mayor control sobre qué información se presenta y cómo.

Otro cambio clave es que solo los casos completos y “listos para audiencia” serán enviados al Immigration and Refugee Board (IRB). Esto significa que, si una solicitud no está correctamente preparada, puede quedarse estancada o incluso ser rechazada antes de llegar a una audiencia. En la práctica, esto aumenta la presión sobre los solicitantes y sus representantes para presentar todo correctamente desde el inicio.

También se introduce una medida importante: el sistema eliminará los casos inactivos. Es decir, si una persona no continúa con su proceso, su caso puede desaparecer del sistema. Además, si alguien regresa voluntariamente a su país de origen antes de que se tome una decisión, su solicitud será considerada abandonada automáticamente. Esto representa un cambio significativo, ya que antes existía mayor flexibilidad en ciertas situaciones.

Otro punto relevante es que las decisiones solo se tomarán si la persona está físicamente en Canadá. Si el solicitante no se encuentra en el país, el proceso no podrá continuar.

Además, si alguien decide retirar su solicitud, la orden de deportación puede hacerse efectiva el mismo día. Esto acelera significativamente las salidas voluntarias, pero también reduce el margen de tiempo para reconsiderar decisiones.

Por otro lado, hay un aspecto positivo: el sistema reconoce que existen personas vulnerables, como menores de edad o personas que no comprenden el proceso, y permite que se les asigne un representante para asistirlos durante procedimientos con IRCC o CBSA.

Ahora bien, uno de los cambios más importantes —y también más controversiales— son las nuevas reglas de elegibilidad.

Desde la entrada en vigor de la ley, se establecieron dos límites muy claros. Primero, si una persona presenta su solicitud más de un año después de haber ingresado a Canadá (desde junio de 2020 en adelante), su caso puede ser declarado inelegible. Segundo, si una persona entra de forma irregular por la frontera con Estados Unidos, tiene solo 14 días para presentar su solicitud. Después de ese plazo, también puede ser considerada inelegible.

Esto cambia completamente la lógica del sistema. Antes, muchas personas podían esperar antes de presentar su solicitud. Ahora, el tiempo es un factor determinante.

Un punto muy importante es la retroactividad. La ley no solo aplica a nuevas solicitudes, sino que también afecta casos ya presentados desde junio de 2025. De hecho, miles de solicitudes han sido marcadas para “redeterminación”, lo que significa que el gobierno revisará nuevamente si siguen siendo elegibles bajo las nuevas reglas.

En estos casos, las personas recibirán una carta (Procedural Fairness Letter) y tendrán 21 días para responder. Si el caso es manejado por CBSA, el plazo puede extenderse hasta 35 días. Si no logran demostrar que cumplen con los requisitos, su solicitud será declarada inelegible y pasarán directamente a un proceso de remoción.

Un punto clave que no se puede ignorar es cómo esta ley impacta a las personas que entran a Canadá de manera irregular, especialmente por la frontera con Estados Unidos, y su relación con el Acuerdo de Tercer País Seguro (Safe Third Country Agreement – STCA).

Bajo las nuevas reglas del Bill C-12, estas personas tienen ahora un plazo muy limitado: solo 14 días desde su entrada para presentar una solicitud de asilo. Si no lo hacen dentro de ese tiempo, su solicitud puede ser declarada inelegible. Esto cambia significativamente la dinámica que existía antes, donde muchas personas cruzaban de manera irregular precisamente para evitar la aplicación del STCA en los puntos oficiales de entrada.

Sin embargo, la ley aclara que estas nuevas reglas no reemplazan el STCA, sino que funcionan en paralelo. Es decir, si la persona presenta su solicitud dentro de esos 14 días, aún puede ser devuelta a Estados Unidos bajo el STCA, a menos que cumpla con una excepción. Pero si presenta la solicitud después de los 14 días, entonces no se aplica el STCA, sino que simplemente se considera inelegible dentro de Canadá.

Antes, las personas que no calificaban para ninguna excepción bajo el STCA y decidían entrar a Canadá de manera irregular tenían una estrategia posible: esperar al menos 14 días antes de presentar su solicitud de asilo. Después de ese período, el STCA dejaba de aplicarse, lo que permitía que su solicitud fuera procesada en Canadá.

Con el Bill C-12, esta dinámica cambia completamente. Ahora, quienes ingresan de forma irregular deben presentar su solicitud dentro de los primeros 14 días desde su entrada. Si esperan más tiempo, su solicitud será declarada inelegible y no será referida al IRB. Al mismo tiempo, si presentan la solicitud dentro de ese plazo, aún pueden ser sujetos al STCA y ser devueltos a Estados Unidos, salvo que cumplan con una excepción.

En la práctica, esto elimina la estrategia de “esperar” que existía antes y coloca a las personas en una situación muy limitada: o aplican rápidamente y se arriesgan a ser devueltos, o esperan y pierden completamente la posibilidad de hacer su solicitud en Canadá.

No obstante, no todo termina ahí. Incluso cuando una solicitud es declarada inelegible, la persona aún puede acceder a un PRRA (Pre-Removal Risk Assessment), que es el proceso mediante el cual se evalúa si enfrentaría un riesgo real al regresar a su país de origen. Este mecanismo cobra ahora mayor importancia, ya que en muchos casos será la única vía de protección disponible.

En este contexto, los oficiales encargados del PRRA adquieren un rol más determinante, pues son quienes evaluarán directamente el riesgo basándose en la evidencia presentada. Según la información oficial, estos oficiales reciben capacitación especializada, cuentan con lineamientos claros para el análisis de la prueba y pueden incluso convocar audiencias cuando existen dudas de credibilidad que podrían influir en el resultado del caso. Además, aplican criterios similares a los utilizados por el IRB, lo que busca asegurar una evaluación completa y justa.

En la práctica, esto fortalece el PRRA como un mecanismo real de protección, pero también implica un cambio importante: muchas decisiones que antes pasaban por un tribunal independiente ahora se toman dentro de un proceso administrativo, lo que transforma la manera en que se analiza y decide el riesgo en estos casos.

En términos prácticos, esto refleja un cambio de modelo: de un sistema centrado en el tribunal (IRB) a uno donde el gobierno tiene mayor control desde las primeras etapas del proceso.

También hay cambios importantes en permisos y beneficios. Por ejemplo, si una persona ya tenía un permiso de trabajo antes de hacer su solicitud, puede seguir trabajando hasta que expire, aunque deje de tener estatus una vez que la orden de deportación sea efectiva.

Los permisos de estudio, en cambio, se cancelan automáticamente pocos días después de que la solicitud es considerada inelegible. En cuanto a salud, las personas continuarán teniendo acceso al programa IFHP, lo cual es fundamental para garantizar atención médica básica.

En resumen, el Bill C-12 no es solo una reforma técnica. Es un cambio estructural en cómo Canadá maneja las solicitudes de asilo. Busca eficiencia, pero también introduce restricciones más estrictas, especialmente en materia de tiempo y elegibilidad.

Para quienes están pensando en hacer una solicitud, o ya están dentro del sistema, el mensaje es claro: el margen de error es cada vez menor.

Y para nosotros, como profesionales en inmigración, esto implica una responsabilidad aún mayor de asesorar correctamente desde el primer momento, porque ahora, más que nunca, una decisión tardía o una solicitud incompleta puede significar el fin del proceso antes de siquiera llegar a una audiencia.