Comité del Senado pide cambios importantes al Proyecto de Ley C-12

Por Vilma Filici

filici@filici.com

 

TORONTO. Esta semana se vislumbró lo que podría ser una buena noticia para las comunidades inmigrantes en Canadá: Los senadores del Comité de Asuntos Sociales del Senado canadiense propusieron que el Comité de Seguridad Nacional del Senado elimine o modifique significativamente las secciones relacionadas con la inmigración del proyecto de ley fronterizo C-12.

El Comité de Seguridad Nacional es el responsable de presentar enmiendas, mientras que el Comité de Asuntos Sociales ha realizado un estudio exhaustivo de las medidas migratorias del proyecto.

Hay que recordar que esta legislación fue presentada inicialmente como Proyecto de Ley C-2, pero que, tras las pasadas elecciones y la llegada de un nuevo gobierno liberal al poder, fue introducido nuevamente ante los legisladores como Proyecto de Ley C-12.

Bajo esta nueva legislación, la ministra de Inmigración tendrá el poder de cancelar cualquier solicitud migratoria en cualquier momento por “interés público”, un concepto que no está claramente definido. Esto significa que la ministra podría cancelar un caso en trámite —sin importar cuánto tiempo haya estado en proceso— si el gobierno lo considera necesario.

Las razones podrían variar: acumulación de casos atrasados, cupos completos en ciertas categorías o simples decisiones administrativas. Este poder se otorgaría dentro de la Ley de Inmigración, por lo que no solo esta ministra, sino también las futuras, contarán con esta facultad.

Esto es inquietante, ya que una persona podría haber estado esperando una respuesta durante 3, 4, 5, 7 o incluso 10 años, y ver su solicitud cancelada. Esto ya ocurrió en 2012 y 2013, por lo que existen precedentes de este tipo de situaciones.

Otra disposición alarmante es que los refugiados deberán solicitar asilo dentro de los primeros 12 meses de haber ingresado al país. Si no lo hacen en ese periodo, perderán la elegibilidad para pedir refugio.

El proyecto de ley menciona que habrá excepciones, pero no las especifica. Además, se aplicaría de forma retroactiva a junio de 2025, fecha en que se presentó por primera vez la ley C-2. Esto implicaría que todas las personas que hayan ingresado desde entonces y no hayan solicitado refugio dentro de esos 12 meses podrían ver sus casos cancelados. En tales situaciones, tal vez solo podrían recurrir a una revisión de riesgo previa a la deportación (PRRA, Pre-Removal Risk Assessment).

Más preocupante aún es que la ley establece que una persona debe haber solicitado refugio en su primera llegada a Canadá. Es decir, si alguien estuvo en el país hace 20 años y no pidió refugio entonces, no podrá hacerlo ahora, aunque hoy enfrente persecución. Esta medida resulta ilógica, ya que no contempla casos en los que la situación de riesgo haya surgido recientemente. Aún no se sabe si se considerará una excepción para quienes puedan demostrar que no tenían problemas en el pasado, pero sí los enfrentan ahora.

Pero por suerte, esta propuesta de ley podría recibir importantes cambios, según se desprende del estudio realizado por el Comité de Asuntos Sociales, el cual fue obtenido por periodistas y que plantea que se escuchó a testigos que advirtieron que la legislación podría violar los derechos humanos y que carece de equidad procesal.

El informe señala que, si el Comité de Seguridad Nacional opta por no eliminar las secciones sobre inmigración, debería introducir una supervisión parlamentaria más sólida de la legislación e incluir una cláusula de caducidad que exija una revisión parlamentaria.

Además, contiene otras nueve recomendaciones destinadas a abordar las preguntas planteadas por los testimonios de los testigos.

Estas incluyen un cambio en la sección de la legislación que impediría que las personas que llegaron a Canadá por primera vez más de un año antes presentaran solicitudes de refugio. Esta sección sería retroactiva al 24 de junio de 2020.

La ministra de Inmigración, Lena Diab, informó al comité a principios de este mes que el 37% de las solicitudes de asilo presentadas entre el 3 de junio y el 31 de octubre de 2025 serían rechazadas bajo esta medida de inelegibilidad: aproximadamente 19,000 de 50 000 solicitudes, según reportan diversos medios de comunicación. Y los testigos advirtieron al Comité de Asuntos Sociales del Senado que la redacción actual podría impedir que alguien que llegó a Canadá siendo un bebé en vacaciones familiares presente una solicitud de asilo convencional. El comité quiere que ese plazo de un año se amplíe a cinco años.

Los testigos, entre ellos el Colegio de Abogados de Canadá y Amnistía Internacional, argumentaron que la legislación establecería un sistema de asilo de dos niveles que no garantizaría audiencias presenciales para personas vulnerables, como miembros de la comunidad LGBTQ+ y sobrevivientes de violencia doméstica.

En relación a otorgar al gobierno la facultad de cancelar o modificar una serie de documentos de inmigración, incluidas las tarjetas de residencia permanente que ya se han emitido o que se encuentran en el inventario de solicitudes del gobierno, si el gabinete decide que es de interés público, los testigos señalaron que la amplia terminología de “interés público” podría utilizarse para justificar cancelaciones masivas discriminatorias y citaron cómo se utilizaron órdenes gubernamentales de gran alcance para rechazar a refugiados judíos que huían de la Alemania nazi, según recogen los medios de comunicación.

Así, el comité recomienda añadir una enmienda que exija una “sólida supervisión parlamentaria” para supervisar el uso de estas facultades propuestas.

El Comité de Asuntos Sociales también recomienda que el gobierno otorgue a la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB) recursos adicionales para ayudarle a revisar las solicitudes de refugio. Hay que recordar que el IRB actualmente tiene una acumulación de aproximadamente 300,000 solicitudes pendientes de procesamiento.

En relación con otorgar al gobierno la facultad de compartir la información personal de migrantes, residentes permanentes y ciudadanos naturalizados con otros departamentos federales, provincias, territorios y gobiernos extranjeros, el comité del Senado quiere modificar la redacción para eximir a los residentes permanentes y ciudadanos naturalizados del intercambio de información e introducir una revisión obligatoria por parte del comisionado de privacidad.

Se espera que el comité de seguridad nacional del Senado realice un estudio del proyecto de ley artículo por artículo la próxima semana, que es cuando se podrán introducir las enmiendas.

Otro asunto grave que está sucediendo en este momento es que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) está contratando 1,000 nuevos agentes para intensificar los arrestos, detenciones y deportaciones de personas indocumentadas, de quienes trabajan sin permiso o de aquellos cuyo estatus ya venció.

Ya se han reportado redadas en sitios de construcción en Calgary, lo que indica que el plan de expulsar a quienes se encuentran sin estatus ha comenzado. Se menciona que la mayoría son ciudadanos de la India, seguidos por hispanos y, posteriormente, personas de Haití.

Ante la ley C-12 y estas redadas, hay acciones que la comunidad puede tomar. En primer lugar, debemos comunicarnos con los miembros del Parlamento para expresar nuestra inconformidad como ciudadanos canadienses y denunciar las partes injustas de la ley, como la posibilidad de cancelar solicitudes después de años de espera o negar el refugio a quienes no lo pidieron antes porque no lo necesitaban.

Respecto a quienes se encuentran en el país sin estatus, debemos seguir luchando por un programa de regularización, aunque en la actual atmósfera de negatividad hacia los inmigrantes parece poco probable que el gobierno lo implemente. Incluso del programa de regularización para trabajadores de la construcción no se ha sabido nada desde el cambio de gobierno.

Las personas en riesgo de arresto o deportación deben evitar lugares donde puedan producirse redadas, lo cual es difícil, ya que suelen ocurrir en obras de construcción o fábricas donde se sabe que hay trabajadores sin permiso. Es muy importante evitar esos lugares. Y también deben buscar maneras de regularizar su estatus, por ejemplo, obteniendo un permiso de trabajo mediante un Tratado de Libre Comercio o un Labour Market Impact Assessment (LMIA).