Otro polémico fallo favorece a militares en Perú

MILAGRO SALAZAR / LIMA
Las pruebas para condenar a los militares responsables de los asesinatos de mujeres, hombres, niños y ancianos de dos localidades andinas de Perú estaban sobre la mesa. Pero tras 24 años de espera, un tribunal especial absolvió a los acusados, en un fallo ya recurrido de nulidad por abogados de las víctimas.
El caso, se suponía, iba a fijar un precedente para sancionar a militares responsables de asesinatos durante la guerra interna que vivió el país (1980-2000), debido a la solidez de las evidencias que pocas veces se puede reunir en episodios de violación de derechos humanos.
La imprevista sentencia dictada el lunes 22 por la colegiada Sala Nacional Penal, “impuso una política de encubrimiento y de impunidad”, aseguró a IPS el abogado Gustavo Campos de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos.

Los magistrados Ricardo Brousett, Clotilde Cavero y Jimena Cayo absolvieron a los militares Carlos Armando Bardales, Miguel Becerra, Eduardo Estela, Jesús Dante y Agustín Tuya, los dos últimos juzgados en ausencia, junto al ex policía Roberto Espinoza, ante la incredulidad de los más de 100 asistentes al acto.

Todos, excepto Bardales, fueron imputados por el fiscal Víctor Cubas como autores materiales del asesinato e incineración de 12 personas, entre ellas dos niños y una pareja de ancianos.

El entonces comandante Bardales era jefe del puesto del Comando Cangallo, que controlaba las zonas donde se produjeron los hechos, y fue inculpado como autor mediato por haber ordenado las ejecuciones, según diversos documentos.

El fiscal pidió 20 años de cárcel para cada procesado. La información extraoficial que manejaban los abogados de las víctimas era que Bardales iba a ser condenado y su ausencia durante gran parte de la lectura del fallo parecía confirmarlo. Pero casi al final, apareció para escuchar su exculpación.

Los hechos juzgados ocurrieron entre el 22 y 23 de octubre de 1986, durante el primer gobierno del actual presidente, Alan García (1985-1990). Las patrullas militares “Bayer” y “Búfalo” incursionaron en las localidades de Pomatambo y Parcco Alto, en el suroriental departamento de Ayacucho, epicentro del conflicto.

Los militares ingresaron la noche del 22 al primer pueblo para capturar a presuntos miembros del grupo maoísta Sendero Luminoso. Pero los detenidos fueron las autoridades locales, seis hombres y una mujer, reunidas para preparar un campeonato deportivo.

Los siete fueron trasladados al cercano Parcco Alto y asesinados por los uniformados, junto con otras cinco integrantes de una misma familia: Donato Ramírez, de 86 años, su esposa Hilda Buitrón, de 80, el hijo de ambos, Reynaldo Ramírez, y dos nietos, Mario y Eugenia, de apenas ocho y 12 años.

“Los mataron uno por uno y luego quemaron sus cuerpos. Yo vi todo, sólo me salvé porque un soldado me cargó al final y me sacó fuera de la plaza”, contó Dante Ramírez, que apenas tenías cuatro años cuando vio morir a sus dos hermanos, su padre y sus abuelos.

Irene Ramírez, tía del testigo e hija de los dos ancianos asesinados, confió a IPS que cuando vio a los militares durante la lectura de la sentencia sintió “desprecio, mucho desprecio”.

“Esos son los asesinos de mis padres. Lo único que me consuela es haberlos conocido. No sabía si eran negros, blancos, altos, chatos. ¿Qué cosa eran?, ¿qué cara tenían?, ¿eran bestias? Pero los vi y eran personas, pensé que eran bestias porque mataron, descuartizaron y quemaron”, expresó.

La primera vez que los vio fue el 24 de agosto de 2009, cuando comenzó el juicio oral, y asegura que desde entonces se repite cuando los tiene cerca el mismo asombro: “no eran bestias, eran personas como nosotros”.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que entre 2001 y 2003 investigó la violación de los derechos humanos durante la guerra interna, denunció el caso ante la Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, con lo que arrancó la investigación y el proceso a los responsables de la matanza.

Las pruebas contra Bardales son varias: el plan operativo “Despedida 2”, que señala que los patrullajes tenían como objetivo “destruir y/o capturar”, los detalles de las rutas que debían seguir los militares, los tiempos de las maniobras y otras instrucciones.

En el informe N˚025/CBA, elaborado por el propio Bardales tras los hechos, admite haber enviado a las patrullas “Bayer” y “Búfalo” siguiendo una ruta que incluía las comunidades involucradas.

Entre sus manos, la sala especial que ventila los casos de violaciones a los derechos humanos, también tuvo los radiogramas y comunicaciones en el que se indica el inicio y el final del operativo, así como testimonios de soldados que sindicaron a Bardales como el que lo ordenó.

Esos documentos formaron parte también del juicio del caso por el fuero militar, donde terminó archivándose.

Aunque no halla culpables, el tribunal reconoce que los muertos no fueron producto de un enfrentamiento, sino de excesos de militares con resultado de asesinatos. También determina que las víctimas no eran senderistas, como pretendió mostrar el Ejército, y ordena que se devuelva los restos a los familiares.

Los magistrados dispusieron que la Fiscalía Penal Supraprovincial amplíe las investigaciones a los soldados que integraban las dos patrullas. “Se busca que la pita (cuerda) se rompa por el lado más débil”, manifestó a IPS la abogada Gery Vásquez, de la Comisión Episcopal de Acción Social, defensora de las víctimas junto con la Comisión de Derechos Humanos.

La defensa presentó un recurso de nulidad del fallo ante la Corte Suprema de Justicia el martes 23.

El entonces comandante de “Bayer”, Jesús Dante, está prófugo en Estados Unidos mientras que Luis Tuya, integrante de la patrulla, se esconde presuntamente en el centro occidental departamento de Ancash.

Para la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos, el tribunal erró al considerar aisladamente las acciones de los denunciados y no parte de una “planificación, de una división de tareas destinadas a un solo fin: la eliminación”.

Cano recordó que la misma sala ya absolvió a Bardales en dos oportunidades anteriores por la desaparición de varias personas en 1986 en otra localidad de Ayacucho, donde ocurrieron 47 por ciento de las 69.280 muertes del conflicto registradas por la CVR. “Hay la intención de liberar a Bardales”, aseguró.

Parcco-Pomatambo es un caso emblemático dentro de las violaciones de derechos humanos ocurridas en las dos décadas de guerra interna, porque se conocieron de inmediato las dimensiones de lo sucedido, gracias a las informaciones periodísticas y del Congreso legislativo.

“Aquí se tenía todo para demostrar la responsabilidad de los acusados, si con eso se les absuelve qué se puede esperar de los otros juicios que vienen”, apuntó Cano.

El abogado Gustavo Campos señaló que el único error del fiscal fue inculpar al ex policía Espinoza como autor material, cuando fue encubridor. Él estuvo en el lugar para tomar las declaraciones a los detenidos y vio todo, pero no lo denunció.

“El fallo es indignante”, aseguró Enrique Najarro, cuyo padre fue asesinado. “Es como si hubieran vuelto a matar a nuestros seres queridos”, condenó Irene Ramírez. Ellos tienen la esperanza que la Corte Suprema anule la sentencia y se repita el juicio. “Insistiremos hasta el final”, prometieron.

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