GUATEMALA: Los linchamientos, otra cara de la impunidad

DANILO VALLADARES / GUATEMALA /
Un conductor de un bus colectivo fue asesinado a tiros en Sololá, una ciudad del suroeste de Guatemala. Horas después, cientos de vecinos enardecidos capturaron a tres presuntos implicados en el homicidio y los quemaron vivos en la plaza central del lugar.
La barbarie no acabó ahí. También incendiaron dos vehículos radio-patrullas y una subestación de policía.
Éste ha sido la última muestra de un tipo de violencia que amenaza con convertirse en cotidiana en esta nación centroamericana, donde 98 por ciento de los delitos queda impune, según la independiente Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, avalada por Naciones Unidas.

Los linchamientos se han duplicado este año, cuando hasta el 9 de diciembre ocurrieron 110 casos, frente a los 56 de 2008. Como resultado de lo que eufemísticamente se define como justicia por cuenta propia, el año pasado fueron muertas 22 personas y otras 96 resultaron heridas, mientras que en 2009 los muertos fueron 42 y los heridos 211.

La falta de castigo para los autores de homicidios, asaltos, robos y otros delitos es el detonante de esta creciente reacción social, a juicio de diferentes expertos.

“La población ha visto que si la policía agarra a un delincuente, éste paga una fianza y a los dos o tres días está de regreso en las calles delinquiendo”, dijo a IPS el indígena José María Julajuj, alcalde de Sololá, una ciudad de 307.000 habitantes situada a 140 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala.

Para el líder cakchiquel, los linchamientos representan “un acto de desesperación” de una población que soporta la incapacidad del Estado de brindarle justicia, en medio de la escalada criminal, que aflige a los 13 millones de habitantes del paísUn informe del

El Grupo de Apoyo Mutuo, una organización de derechos humanos que mantiene el monitoreo de los actos de violencia en el país, precisó que al cierre de noviembre los asesinatos este año sumaban 3.615. En 2008 la cifra total fue de 3.305.

Rudy Marroquín, alcalde de San Martín Jilotepeque, un municipio situado al oeste de la capital y que destaca por su récord de linchamientos, dijo a IPS que el temor ante la violencia y la falta de justicia ha generado esa reacción de la población, que en ocasiones cae sobre personas ajenas al delito que se les imputa.

Ese fue el caso de Miguel Angel Curruchiche, un agente de la Policía Nacional Civil linchado el 13 de noviembre por pobladores de ese municipio que pertenecen a la junta local de seguridad. El oficial era acusado de extorsionar a un conductor de otro vehículo colectivo, pero las investigaciones posteriores demostraron que todo fue una farsa.

“La gente actúa así no porque sean valientes o personas malas, son instintos de la conservación de la vida. Se han cansado de ver tanto fracaso (policial y judicial)”, señaló Marroquín, antes de aclarar su rechazo a los linchamientos.

El alcalde también consideró que este delito colectivo se integra además “en las secuelas del conflicto armado interno”.

El fenómeno de los linchamientos surgió, paradójicamente, después de la firma de los acuerdos de paz en el fin de año de 1996, que puso fin a 36 años de guerra civil y que dejó como saldo más de 200.000 muertos y desaparecidos.

Pero no todos se suman a la tesis de la relación matemática entre impunidad y linchamientos.

Gustavo Palma, sociólogo de la no gubernamental Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, dijo a IPS que los linchamientos reflejan una situación de “hasta aquí” o de hartura por los conflictos en que está hundido el país.

Citó a la pobreza, la marginación, la falta de servicios básicos y de acceso a la tierra como parte de los problemas estructurales que afectan principalmente a la población indígena del país y que podrían ser un sustrato de estas reacciones sociales.

Habría que hacer una investigación de cada caso para conocer cuáles son las razones que han llevado a los pobladores a tomar una decisión de esa naturaleza, según el cientista social. “No son situaciones que se dan, como dice la prensa, como resultado de manifestaciones espontáneas”, aseguró.

Carmen Rosa De León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, es de la opinión de que el fenómeno de los linchamientos obedece a la falta de castigo contra quienes participan en estos delitos colectivos.

“Están sucediendo porque no hay una respuesta del Estado contra las personas que inician o son cómplices de linchamientos. La misma sociedad no está rechazando este tipo de barbaridades. Más bien hay una tolerancia social implícita y hasta explícita, incluso de algunos medios de comunicación que justifican estos hechos”, dijo a IPS.

De León cree que la ecuación impunidad y linchamientos no se sostiene, porque en algunos de los departamentos donde han ocurrido el índice de criminalidad es bajo, como sucede en el de Sololá, del mismo nombre que el municipio donde ocurrió el último de estos episodios y que está situado en el suroeste de Guatemala.

Un estudio realizado por su instituto en 2008 evidenció que Sololá es el segundo departamento menos violento de los 22 en que está dividido Guatemala. Allí se produjeron ese año siete homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en el oriental de Jutiapa, el más violento y fronterizo con El Salvador, la tasa fue de 178.

“Quiere decir que el sistema no está sobrecargado en Sololá porque no tiene altos índices delincuenciales, entonces la impunidad no es una justificación para que ocurran los linchamientos”, planteó.

Más bien, se produce una impunidad que funciona “al revés” según la investigadora. La falta de castigo de quienes participan directa o indirectamente en los linchamientos alimenta que el fenómeno se imite y se propague.

De León destacó otro elemento que entra en juego en los linchamientos: la destrucción de las subestaciones de policía y radio patrullas.

“Hay un crimen organizado estableciendo corredores para operar sin presencia del Estado. ¿Por qué quemar la subestación y el equipo de la policía? Porque no quieren presencia institucional en el área”, afirmó con convicción.

Precisamente, el gobierno del presidente socialdemócrata Álvaro Colom ha responsabilizado a bandas del crimen organizado de la planificación de algunos de los casos de linchamiento ocurridos en las últimas semanas.

Los grupos criminales están interesados en promover los linchamientos para confrontar a la población con las fuerzas de seguridad y forzar el retiro de la policía, con el propósito de “dejar limpios los lugares” y delinquir con impunidad, afirmó el viceministro del Interior, Francisco Cuevas.

El gobierno ha realizado esfuerzos para prevenir y erradicar estos delitos colectivos, pero sin resultados apreciables hasta ahora.

Desde 1999 opera la Comisión Nacional de Prevención de Linchamientos, conformada por 20 organismos estatales y de la sociedad civil, incluidos el Ministerio Público (Fiscalía General) y la policía. Pero su labor no ha tenido frutos.

“Este trabajo no está siendo del todo efectivo”, reconoció este mes Guillermo Melgar, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, al comentar el aumento de este tipo de crímenes colectivos.

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