FRANCISCO REYES: ¿Es suficiente el presupuesto para viviendas subsidiadas?

Toronto. El ministro canadiense de economía, Jim Flaherty, dio a conocer en la presentación del presupuesto federal el plan del gobierno del primer ministro Stephen Harper en lo que respecta a la construcción y renovación de viviendas subsidiadas.
En su comparecencia frente a los miembros del Parlamento nacional, Flaherty informó que el gobierno federal invertirá en viviendas $2 mil millones de dólares, repartidos de la siguiente manera: $1,000 millones para renovación de viviendas subsidiadas que existen actualmente. $600 millones para la construcción de nuevas viviendas en las reservas aborígenes, y $400 millones para proveer de hogares a los pensionados o “seniors”.
Este plan de viviendas, por consiguiente, tiene cobertura nacional.

Sin embargo, Flaherty no hizo mención al problema de las personas que viven en las calles (homeless), hecho que preocupa a las organizaciones que trabajan para buscar soluciones a las vicisitudes de ese marginado sector social.

Desde hace años, instituciones que laboran voluntariamente a favor de los grupos más desventajados de la sociedad, afectados por la escasez de viviendas, han venido reclamando desde 1993 a los sucesivos gobiernos federales para que resuelvan la crisis habitacional en Canadá.

Nada o casi nada se ha hecho en un período de 15 años para que los afectados puedan tener su techo propio.

La crisis habitacional en Canadá está afectando por igual a la población de inmigrantes que han llegado a este país en busca de un futuro mejor, pero, en lo que se refiere a área vivienda, se sienten que los gobiernos, en sus tres niveles administrativos, no los toman en cuenta.

En lo que respecta a las comunidades hispanas, sabemos de personas que han solicitado viviendas subsidiadas desde hace años. Sin embargo, tan larga ha sido la demora en alcanzar ese servicio, que muchas personas terminan desalentadas y prefieren ir a vivir en cualquier edificio de departamentos donde las plagas de ratas y cucarachas no las dejan en paz. A eso se añade que hay numerosos edificios donde se práctica la prostitución y se mueven negocios turbios, como es el de las drogas.

Desde hace varios días, este redactor ha hecho esfuerzos inútiles por contactar organizaciones que trabajan con hispanos para conocer sus opiniones al respecto.

En algunos centros comunitarios, como es el Centro para Gente de Habla Hispana, hemos dejado mensaje a su nuevo director, para que nos haga conocer sus opiniones vía correo electrónico, pero no hemos recibido respuestas.

En otros centros hispanos, como COSTI, nadie quiso asumir responsabilidades, argumentándose no tener autoridad para dar informaciones.

¿Quiénes, entonces, están autorizados para eso? ¿Existe el temor de que si lo hacen corren el riesgo de perder los subsidios del gobierno a través de “Human Resources Canada”, de “Canada Immigration and Citizenship” y de agencias privadas como United Way?
¿Qué se esconde detrás de tanta demora del gobierno para resolver la crisis habitacional? ¿Podría haber componenda con los propietarios de grandes consorcios habitacionales para que la gente se desespere y termine siendo abusada por los arrendatarios de edificios de departamentos?

Ojalá que el debate arroje respuestas.

reyesobrador@hotmail.con

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