EL SALVADOR: Izquierda al poder este lunes en busca de rescatar la institucionalidad

RAUL GUTIERREZ / SAN SALVADOR /
La institucionalidad en El Salvador fue “secuestrada para beneficiar a grupos fácticos” afines a la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), llevando a que organismos como la fiscalía y la policía fueran utilizadas con ese propósito, dicen expertos al analizar los últimos 20 años de gobiernos derechistas.
El Estado de derecho ha sufrido un retroceso importante, particularmente durante el actual gobierno de Antonio Saca, subrayan los analistas al marcar el estado de situación que encontrará Mauricio Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cuando asuma la presidencia el próximo lunes.
Para el abogado Henry Campos, esa acción ha llevado a que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) no hayan conducido investigaciones en casos importantes, que luego han sido “engavetados”, mientras se abren expedientes siguiendo razones políticas.

Como ejemplo, Campos citó que en marzo, durante la campaña presidencial, la FGR abrió un proceso contra Funes por supuesto “lavado de dinero”, relacionado a 2,3 millones de dólares recibidos del empresario Nicolás Salume como apoyo a su candidatura, pero “inmediatamente después que el candidato del FMLN ganó las elecciones, el fiscal Félix Safie cerró el caso”.

“En muchas ocasiones las actividades de la FGR y la PNC están apegadas a intereses político-partidarios”, sostuvo el catedrático de la Universidad Centroamericana (UCA) y uno de los tres candidatos a fiscal general que deberá ser elegido en las semanas próximas por el parlamento, dominado por Arena y los partidos Conciliación Nacional (PCN) y Demócrata Cristiano (PDC).

Arena, en el gobierno desde 1989, perdió las elecciones presidenciales el 15 de marzo a manos de Funes, quien de este modo se constituirá a partir del lunes en el primer presidente de izquierda en la historia de este país centroamericano.

Saca, desde el inicio de su gobierno en junio de 2004, mantuvo la presidencia de su partido hasta agosto de 2008, cuando le cedió las riendas de Arena al ahora candidato frustrado Rodrigo Ávila.

Esa doble función de presidente salvadoreño y del partido contribuyó a un mayor debilitamiento de la institucionalidad, aseguran los especialistas y representantes de la sociedad civil consultados por IPS.

El presidente saliente, en una evidente trasgresión a la institucionalidad, se aprovechó de su cargo y realizó proselitismo partidario durante las campañas electorales de 2006 y 2009, dijo a IPS David Morales, abogado del Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho, Fespad.

En respuesta, el mandatario reiteró en las últimas semanas que su horario como presidente era entre las siete de la mañana a las cuatro de la tarde, de lunes a viernes, y que después de ese horario él, como “cualquier ciudadano”, podía vestir el chaleco de Arena porque no había impedimento legal.

Pero el artículo 218 de la Constitución y el artículo 237 del código electoral señalan que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado (…) y no podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley”.

“Saca se olvidó de sus responsabilidades al frente del Poder Ejecutivo y se convirtió en un activista más de Arena. Habría que sacar las cuentas de cuánto perdió el país (…) gracias a un presidente dedicado, no a gobernar, sino a hacer campaña a favor de su partido”, editorializó en marzo de 2006 la revista Proceso de la UCA.

Ante estas violaciones, la FGR y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), éste último también dominado por los partidos de derecha, guardaron silencio, apuntaron los analistas consultados.

Morales explicó que estas infracciones fueron posibles gracias a que Saca “profundizó la práctica de imponer funcionarios públicos, a través de procesos de selección corrupto promovidos desde el Ejecutivo, para favorecer grupos fácticos de poder”.

Otro caso paradigmático de estas prácticas, es el acuerdo que mantiene ese bloque parlamentario de derecha, que le ha posibilitado al PCN mantener el control de la Corte de Cuentas de la República (CC) durante los últimos 20 años, añadió el abogado de Fespad.

En tanto, Campos considera que ese manejo partidario de la CC (contraloría de fondos públicos) evidencia la “reiterada costumbre” de convertir en “instrumentos de aprovechamiento y corrupción a ciertas instituciones estatales”.

En varias ocasiones, organizaciones de la sociedad civil, entre éstas la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), una suerte de “usina de pensamiento” del empresariado, han insistido en que se debe romper con el dominio partidario en esas instituciones.

“En El Salvador se advierte la falta de independencia de la CC, su politización, y su excesiva discrecionalidad para intervenir en determinados casos (…) por razones políticas”, señala una publicación de Fusades.

Héctor Dada Hirezi, nominado esta semana por Funes para encabezar el Ministerio de Economía y dirigente del centroizquierdista Cambio Democrático, coincidió en que “es necesario ‘despartidizar’ (romper el dominio partidario) estas instituciones, ya que en muchas ocasiones se han puesto al servicio de un partido”.

Funes tendrá una “tarea enorme” que permita “restablecer” la institucionalidad, concluyó Morales.

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