Derechos Humanos en América Latina: A desaparecer la desaparición forzada

EMILIO GODOY / MEXICO
El argentino Agustín Cetrángolo no descansa en su pretensión de poner frente a la justicia a los responsables de la desaparición forzosa de su padre, apresado en 1978 por la dictadura de su país y prisionero al menos en dos campos de concentración de Buenos Aires.
“Queremos justicia y que sea sostenida en el tiempo”, dijo a IPS este activista de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), cuyo padre, Sergio Cetrángolo, es uno de los 30.000 desaparecidos por la represión dictatorial de 1976 a 1983 en Argentina, según los datos de organizaciones de derechos humanos.
“No esperábamos que se avanzara tanto contra la desaparición forzada de personas en Argentina” en esta década, reconoció. “Los poderes del Estado están haciendo su trabajo y hay una condena social al terrorismo de Estado”, destacó.

Es que los juicios se reactivaron en masa desde 2003, cuando tras la llegada al gobierno del centroizquierdista Néstor Kirchner (2003-2007) el parlamento anuló las dos leyes aprobadas en los años 80 para alejar de los tribunales a los uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos. Luego, en 2005, la Corte Suprema de Justicia, las declaró inconstitucional.

Junto a otros activistas argentinos, mexicanos, guatemaltecos, colombianos, peruanos, chilenos y uruguayos, Cetrángolo asiste al encuentro internacional de H.I.J.O.S, la agrupación surgida en Argentina en 1994, que arrancó el miércoles en la capital mexicana y finalizará este viernes con el objetivo de impulsar el tema en el plano continental.

América Latina ha marchado a diferentes velocidades en la lucha contra la desaparición forzada. Mientras países como Argentina y, con más contratiempos Uruguay y Chile, se han colocado a la vanguardia con legislaciones y condenas a responsables, otros como México y Colombia se hallan en el último vagón.

“El Estado no sólo está obligado a investigar todos los casos y tiene una responsabilidad, sino también tiene que llevar ante la justicia a los responsables”, señaló a IPS Héctor Cerezo, integrante del no gubernamental Comité Cerezo, de México.

En agosto, este Comité formado en 2001 a raíz de la detención y posterior condena de Héctor y de sus hermanos Alejandro y Antonio Cerezo, se unió a otras organizaciones de derechos humanos para lanzar la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y divulgaron un manual al respecto, para orientar a los familiares sobre cómo actuar en un caso de esa naturaleza.

Más de 3.000 personas han sido desaparecidas desde 2006 en México, según agrupaciones humanitarias. El caso más reciente, que data del 14 de septiembre, es el de Víctor Ayala, dirigente del Frente Libre Hermenegildo Galeana, en el sureño estado de Guerrero.

En la llamada “guerra sucia” contra las guerrillas izquierdistas, militantes y dirigentes sociales en los años 60 y 70 desaparecieron 532 personas, según la estatal aunque autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ante ello, han fracasado las denuncias penales en contra de los presidentes y altos funcionarios de la época.

En Guatemala suman 45.000 personas los desaparecidos tras ser secuestrados o arrestados por agentes del Estado durante la guerra civil transcurrida entre 1960 y 1996.

En Colombia, H.I.J.O.S. tiene un registro de 47.000 desapariciones forzosas en más de cuatro décadas de enfrentamiento armado interno. El primer caso documentado fue el de la bacterióloga Omaira Montoya, una militante de izquierda que fue detenida en 1977.

En los siete años de dictadura en Argentina fueron desaparecidas 30.000 personas, según contabilizan las organizaciones defensoras de los derechos humanos, mientras que los oficiales registran con documentación casi 15.000.

H.I.J.O.S. afirma que el primer caso argentino de este tipo se remonta a 1962 y se trata de Felipe Vallese, un obrero metalúrgico y dirigente de la entonces proscrita Juventud Peronista, mientras que el último es el del albañil Jorge Julio López, desaparecido en 2006 poco después de haber declarado como testigo en un juicio contra represores que lo mantuvieron detenido ilegalmente en los años de la dictadura.

En Chile indican que son 2.115 los desaparecidos durante la dictadura de 1973 a 1990. El primer caso documentado es el del dirigente sindical Gastón de Jesús Cortés poco después del golpe de Estado perpetrado por el general Augusto Pinochet (1915-2006).

Los registros recogidos por la organización de derechos humanos marcan que son 172 los uruguayos detenidos-desparecidos por agentes de la dictadura de ese país (1973-1985), la mayoría de ellos apresados en Argentina en el marco del Plan Cóndor, que coordinó la represión del Cono Sur de América con anuencia de Estados Unidos.

Sin embargo se aclara que pueden ser más las personas en esa situación, puesto que siguen las investigaciones sobre traslado de prisioneros en vuelos sobre el Río de la Plata.

El primer expediente documentado de un desaparecido en Uruguay fue el del estudiante de medicina Adán Abel Ayala y fue en 1971, aún en democracia, a manos de fuerzas represivas del autoritario gobierno de entonces de Jorge Pacheco Areco.

“La tipificación es arbitraria, porque la desaparición forzada se le atribuye a un particular y no a un agente del Estado. Si es un servidor público, no existe agravante”, criticó la abogada Yessica Hoyos, de H.I.J.O.S-Colombia, fundada hace cuatro años, y presente en el encuentro, que incluye la exhibición de películas y documentales sobre el tema.

La justicia colombiana condenó en junio al coronel retirado Alfonso Plazas a 30 años de cárcel por la desaparición en 1985 de 11 trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia, en Bogotá, que fue atacado por militares para recuperarlo de manos del guerrillero Movimiento 19 de Abril, que lo había copado. Tras la operación, que dejó 55 muertos, nada más se supo del grupo de empleados que habían sobrevivido.

Los activistas esperan que con la entrada en vigor en 2011 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada en 2006, empuje la lucha contra ese delito. Mientras países como Argentina, Chile y Uruguay ya la ratificaron, otros como Guatemala y Colombia aún no lo hacen.

Al entrar en vigor ese instrumento internacional, los Estados parte deberán entregar un informe anual respecto de la desaparición forzada de personas, con datos duros y acciones legislativas y judiciales para enfrentarla.

El Senado de Argentina aprobó en septiembre la reforma al Código Penal para tipificar como delito específico la desaparición forzada y en las próximas semanas se pronunciará la Cámara de Diputados.

“Argentina ha encontrado su propio camino para enjuiciar (a los violadores de derechos humanos), pero es importante por lo simbólico condenar a los autores por desaparición forzada”, explicó Cetrángolo.

Por una sentencia contraria de noviembre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la desaparición del dirigente comunitario Rosendo Radilla en 1974, México está obligado a aprobar una ley contra ese hecho y a investigar a fondo los casos denunciados.

“El Estado no acepta denuncias por desaparición forzada y sólo las tramita como secuestro”, resaltó Cerezo, quien estuvo encarcelado entre 2001 y 2009 por el ataque a tres agencias bancarias en la capital mexicana.

Desde 2007 se hallan desaparecidos los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Cruz y Edmundo Reyes y 38 trabajadores de la firma estatal Petróleos Mexicanos, sin que hasta ahora haya indicios de su paradero.

“En Colombia la historia ha sido la negación de la desaparición. Por eso queremos que el parlamento ratifique la Convención y que apruebe la ley de Víctimas”, precisó Hoyos, hijo del sindicalista Jorge Darío Hoyos, asesinado en 2001.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, entregó el 27 de septiembre al parlamento el proyecto de ley de Víctimas, para resarcir a los afectados por la violencia ejecutada por la guerrilla, los paramilitares y agentes estatales.

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