Denuncia formal al gobierno canadiense sobre violaciones de Derechos Humanos

UNA COMPAÑÍA CANADIENSE DE MINERÍA DE NÍQUEL ESTÁDIRECTAMENTE INVOLUCRADA EN DESALOJOS VIOLENTES, ILEGALES Y FORZADOS DE COMUNIDADES MAYA-QEQCHIS, INCLUSIVO LA VIOLACIÓN DE VARIAS MUJERES

Mr. Lawrence Cannon
Minister of Foreign Affairs
509-S Centre Block,
House of Commons,
Ottawa, ON, K1A 0A6, Canada
cannol@parl.gc.ca

5 de julio de 2010

Estimado Ministro Cannon,

En nombre de la Delegación a Guatemala (2010) de la Universidad de British Colombia y de Derechos en Acción, le presentamos formalmente una denuncia sobre violaciones de derechos humanos al Gobierno canadiense.

Entregamos una versión anterior de esta denuncia a la Embajada canadiense en Guatemala el 25 de mayo de 2010 a la cual todavía no hemos recibido respuesta.

Como ciudadanos canadienses, le solicitamos fuertemente que preste atención inmediata a los asuntos relacionados con los desalojos forzados de la comunidad guatemalteca Q’eqchi’, “Lote 8”, que se encuentra cerca de El Estor, Izabal, y con la violación de al menos cinco mujeres de esta comunidad.

Estas violaciones de derechos humanos fueron realizadas por el ejercito guatemalteco, la policía y agentes de seguridad privada empleados directos de la compañía minera canadiense HudBay Minerals Inc., anteriormente conocida como Skye Resources, y su subsidiario, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

El 19 de mayo de 2010, 11 delegados canadienses (signatarios citados abajo) recogieron testimonios de los miembros de la comunidad “Lote 8” y dieron cuenta de las violaciones de derechos humanos siguientes. Cuando llegamos en el pueblo, la comunidad permitió a los estudiantes de UNBC y a los representantes de Derechos en Acción, una ONG canadiense-estadounidense con muchos años de experiencia en Guatemala, que recojan sus testimonios. Es importante subrayar que los miembros de la comunidad nos indicaron que sus testimonios eran la primera declaración pública que hicieron sobre sus experiencias colectivas de violaciones de derechos humanos.

El 9 de enero de 2007 – Cientos de policía/soldados/agentes de seguridad privada de Skye Resources (los cuales llegaron en no menos que 80 camionetas, 2 camiones llenos de soldados del ejercito, y 3 camiones de seguridad privada del la CGN) entraron en la comunidad apartada “Lote 8” en estos vehículos con la intención de desalojar ilegal y forzadamente a los pobladores. Les dieron a los habitantes 5 minutos para recoger sus pertenencias y les ofrecieron 300 quetzales para que destruyan sus domicilios. Cuando la gente se negó a actuar de esta forma, la policía y los soldados del ejército y los agentes de seguridad privada de Skye Resources empezaron a dispararles gas lacrimógeno. Sacaron y pegaron fuego a los domicilios con gasolina. En total, destruyeron 100 domicilios. A los pobladores – desde abuelos hasta recién-nacidos – les forzaron a huir al bosque. Todas sus pertenencias, incluso ropa, ropa de cama, comida, utensilios de cocina etc. fueron o destruidos o robados.

Sin refugio, las 100 familias de “Lote 8” pasaron la semana siguiente a construir albergues mínimos, mientras gorroneaban comida y trataban de rescatar algunos de los cultivos de subsistencia.

Durante esta semana, los helicópteros de Skye Resources siguieron volando por encima su comunidad apartada.

El 17 de enero de 2007 – Cientos de policía/soldados del ejército y agentes de seguridad privada de Skye Resources regresaron a la comunidad Lote 8 para desalojar ilegal y forzadamente a la comunidad mientras los pobladores hombres estaban fuera del pueblo. Llevaron a cabo el mismo plan de destrucción que realizaron el 9 de enero. Además, los miembros de la policía y los soldados y agentes de seguridad privada les violaron a mujeres de la comunidad. Numerosos hombres violaron a las mismas mujeres repetativamente. Al menos dos de las víctimas ya estaban embarazadas y sufrieron la perdida de sus bebes debido a la violación y a la brutalidad.

Los delegados canadienses recogieron testimonios fotográficos, videográficos y audiográficos de las mujeres violadas y físicamente asaltadas y también de varios miembros de la comunidad que contaron los dos desalojos traumáticos que alegan de ser realizados de parte de Skye Resources.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas garantiza:

Artículo 3 – Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 5 – Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6 – Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Aunque la UNBC y Derechos en Acción enfocamos nuestros esfuerzos en la comunidad de “Lote 8”, serias denuncias parecidas – incluso de violaciones – se han formulado en contra de la policía, el ejército y los agentes de seguridad privada que llevaban a cabo los desalojos violentes, ilegales y forzados en al menos 4 otras comunidades en el año 2006 y en los principios de 2007.

En nuestra capacidad de ciudadanos canadienses, reclamamos respetuosamente al Gobierno de Canadá que tome acciones concretas acerca de estas violaciones de los derechos humanos de la comunidad guatemalteca “Lote 8”, y de las otras comunidades afectadas. Específicamente, reclamamos:

que el Gobierno de Canadá realice una investigación completa, independiente e imparcial sobre estas alegaciones;

que el Gobierno de Canadá les informe a las autoridades guatemaltecas apropiadas acerca de estas denuncias extremadamente gravas y acerca de la investigación independiente iniciada por el Gobierno de Canadá;

que con consentimiento de la comunidad, sean proveídos acompañantes internacionales para garantizar que la comunidad no sea sujeto a retribuciones durante la investigación;

que los resultados de la investigación independiente e imparcial del Gobierno de Canadá se difundan públicamente;

que la investigación publique un resumen de la violaciones de los derechos humanos y de la destrucción de propiedades sufrida por la comunidad “Lote 8” y también por las 5 otras comunidades Maya Q’eqchis’ que han sufrido parecidos desalojos ilegales y forzados aproximadamente al mismo tiempo;

que la investigación provea conclusiones y recomendaciones con respecto a las acciones y/o omisiones del Gobierno de Guatemala, las fuerzas de seguridad guatemaltecas y también con respecto a Skye Resources (ahora HudBay Minerals) y las fuerzas de seguridad de la compañía y que la investigación ponga de relieve la cifra de reparaciones y compensación que debería ser pagada a los víctimas.

Creemos que el Gobierno de Canadá debe llevar a cabo esta investigación y nos basamos en el hecho que:

1) las mismas autoridades responsables por garantizar la justicia en Guatemala – la policía y el ejercito – fueron los autores materiales;

2) los dueños de la compañía Guatemalteca de Níquel (CGN ) anteriormente conocida como Skye Resources y ahora HudBay Minerals—son compañías canadienses, y

(3) el Gobierno de Canadá ha desempeñado un papel proactivo con su apoyo de la expansión de compañías canadienses en Guatemala.

Le rogamos que esta denuncia formal sobre las violaciones de los derechos humanos sea recibida con máxima seriedad y confiamos que el Gobierno de Canadá tomará todos los medios necesarios para garantizar que los autores materiales de estas violaciones de derechos humanos sean enjuiciados con toda la extensión de la ley y que los víctimas de estos crímenes reciban reparaciones completas y compensación plena.

Anticipamos su respuesta acerca de esta violación seria de los derechos humanos. Poseemos conocimientos extensivos sobre las violaciones y daños causados por intereses asociados con en la región de El Estor y nos complaceríamos en compartir esta información con Usted.

Atentamente,

Dr. Catherine Nolin

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