Declaran culpable en conflicto de multas de tránsito a juez hispano Jorge Barroilhet

REDACCION / TORONTO
De tener dos jueces de paz de origen hispano en la provincia de Ontario, repentinamente la comunidad podría quedarse únicamente con uno. La razón: Jorge Barroilhet, el primer hispano que fue nombrado para tan alto cargo el 22 de diciembre del 2002, podría ser destituido luego de que un panel compuesto por tres miembros de Justices of the Peace Review Council lo declararan culpable en un conflicto de multas de tránsito.
La decisión de los tres jueces fue dada a conocer la semana pasada, y constituye el culmen de seis días de audiencia que dieron inicio en enero del presente año. Ahora sólo queda pendiente que el panel decida cuáles serán las sanciones a las que se hará merecedor Barroilhet, las cuales probablemente incluyan su destitución del cargo, según versiones de profesionales conocedores de este tipo de procedimientos disciplinarios.
Barroilhet es un ciudadano de origen chileno que llegó a Canadá a finales de la década de 1970 como producto de la represión que invadía el país suramericano luego del cruento golpe militar que asestara el dictador Augusto Pinochet en el año 1974.

Una vez en Canadá, se desempeñó en diversas industrias, sobresaliendo la fundación de la empresa “Stop All Traffic Tickets”, la cual presta servicios de defensa de infractores de tránsito. Y es su asociación con dicha empresa, la cual en la actualidad es dirigida por su esposa, precisamente lo que le podría causar su destitución del cargo.

De acuerdo a la causa iniciada en su contra con base a una denuncia, el juez Barroilhet habría continuada ejerciendo funciones de asesoría a la empresa “Stop All Traffic Tickets”, y habría escrito los borradores de algunos de los documentos de defensa de infractores que serían presentados ante los jueces de tránsito, e incluso frente a él mismo actuando como juez de tránsito.

Durante los seis días de audiencia en el cual se juzgó a Barroilhet, los jueces escucharon que ya siendo éste Juez de Paz, fue el encargado de contratar a un paralegal para que trabajara en la empresa “Stop All Traffic Tickets”, persona que sería la responsable de presentar los casos de defensa, incluso frente al mismo Barroilhet. La contratación se llevó a cabo en una cafetería que se encuentra al frente de las oficinas de la Corte ubicadas en Queen St. W., según mostró la evidencia.

De igual forma, los jueces también explicaron que Barroilhet intercedió en el año 2006 por un amigo que había sido encontrado culpable de conducción peligrosa en la ciudad de Brantford. De acuerdo con la evidencia, Barroilhet habría llamado por teléfono a la Juez de Paz que veía el caso, Trillis Miller, y habría tratado de persuadirla de que reabriera el caso.

“Hay evidencia incontradecible de que Su Señoría Barroilhet era consciente, antes de su nombramiento, que estaba obligado a romper todos los intereses, contactos o involucramientos con su antigua empresa”, dijeron en su resolución los miembros del Panel encargado de dictar justicia: la jueza Deborah Livingstone, la Jueza de Paz Cornelia Mews y la abogada de Toronto Margot Blight, como representante de la comunidad.

De acuerdo con profesionales familiarizados con el caso, la testigo que más pesó como evidencia en el juicio contra Barroilhet fue una paralegal que trabajó en su oficina y que fue despedida el año pasado, Consuela Hernández, quien a pesar de aparentemente tener motivaciones personales para atacar al juez hispano dado que reclamaba que se le había pagado menos indemnización de la que le correspondía, fue aceptada como testigo de crédito por el panel que juzgó el caso.

Durante el proceso contra Barroilhet, quien tuvo la primera programación de audiencia para el 29 de septiembre del año pasado, pero que fue pospuesta hasta este año, se introdujeron una serie de recursos legales en los cuales se trató de validar o invalidar las declaraciones de supuestos testigos directos de los hechos, entre ellos la del paralegal que supuestamente habría sido contratado por Barroilhet una vez que esta ya había sido nombrado como Juez de Paz.

Al final, el testimonio de Hernández, quien aparentemente durante algún tiempo fue considerada como la mano derecha del  juez hispano ahora en desgracia, pesó mucho como prueba en la decisión tomada por el Panel disciplinario a cargo del caso, lo que llevó a que dictaminaran a Jorge Barroilhet culpable de mala conducta judicial.

La asignación de cargos de Jueces de Paz en la provincia de Ontario ha estado bajo fuertes criticas durante muchos años dado que estos en muchas ocasiones aparentemente responden a designaciones políticas y no por capacidad o idoneidad. Las nominaciones, que son de por vida, las hace el Fiscal General de la provincia, y para ser merecedores de la designación los candidatos no requieren tener ningún entrenamiento en materia legal.

De acuerdo a un reporte dado a conocer este año, el cual fue realizado sobre la base de una encuesta informal al interior de la comunidad legal de la provincia, más de 200 de los 350 Jueces de Paz que existen en la provincia ganaron más de $150,000 durante el año 2008, mientras que 300 del total dijeron haber ganado más de $100.000. El mismo reporte establece que Jorge Barroilhet obtuvo ingresos por la cantidad de $155,079 durante dicho período.

De acuerdo con los criterios establecidos para las audiencias del Justices of the Peace Review Council, las sanciones que se le pueden aplicar a un juez al ser declarado culpable en un proceso de mal comportamiento judicial pueden ser advertir al juez, amonestarlo, ordenar al juez que pida disculpas al demandante o a cualquier otra persona, ordenar al juez que tome determinadas medidas, tales como recibir educación o tratamiento como condición para continuar fungiendo como juez de paz, suspender al Juez de Paz con pago durante un periodo, o suspender al juez de paz sin sueldo, pero con beneficios, por un período máximo de treinta días.

No obstante, el Justices of the Peace Review Council también puede hacer una recomendación al Procurador General de que el Juez de Paz declarado culpable sea destituido de su cargo. Esta última sanción no puede ser combinada con ninguna otra sanción, y en virtud del artículo 11.2 (1) del Justices of the Peace Act, un Juez de Paz puede ser destituido de su cargo únicamente por orden del Teniente Gobernador en el Consejo.

La sanción que le será aplicada al juez Jorge Barroilhet por el Panel de tres miembros del Justices of the Peace Review Council, será dada a conocer el lunes 17 de septiembre, y de acuerdo a conocedores de este tipo de temas legales, éste muy probablemente enfrente la posibilidad de que sea removido del cargo.

 

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