CHIQUI RAMIREZ: Guatemala, más muertos que durante el conflicto armado interno

Toronto. El recuento de asesinatos, es el encabezado de medios de comunicación cotidiano en ésta nuestra Guatemala. Parece ser que nos hemos acostumbrado a la violencia impuesta por  el crimen organizado: de las  maras, de los narcos, de los diputados y similares.

Violencia imparable que cada día sube de tono, pero que, mientras no nos toque en carne propia, nos sentimos seguros en el mejor de los casos, metidos dentro de nuestro propio miedo, en nuestro automóvil, en nuestra casa con barrotes y dobles llaves.

Guatemala ha sido y es, caldo de cultivo para el crimen organizado, y ahora estamos viviendo las consecuencias, el corolario de la violencia y la corrupción que ha ido en espiral. El asesinato inconcebible del maestro del correccional por los mismos reclusos menores de edad, nos ha dejado boqui-abiertos. Menores de edad, jóvenes, niños dirían en países civilizados, que exigen visitas conyugales diarias, amenazan desde su cautiverio y asesinan cruelmente y con júbilo al maestro
Jorge Emilio Winter Vidaurre de 45 años de edad.

Todos somos responsables por omisión y/o indiferencia, de ésta situación de violencia, de los asesinatos de pilotos de buses, de descuartizamiento de mujeres,  de extorsiones y secuestros, de que la población civil tome en sus manos la justicia, vigilando los poblados, matando delincuentes en la oscuridad de la noche,  de linchamientos, de que culpemos al procurador de Derechos Humanos de proteger a los delincuentes, cuando el sistema Jurídico y la aplicación de la ley  ESTÁN FALLANDO.

Eso me hace recordar los años del conflicto armado, cuando por cuestiones ideológicas el Estado tomaba mediadas de control de la población, para “eliminar subversivos”, coparlos, capturarlos, secuestrarlos, desaparecerlos, torturarlos y asesinarlos. Muchos recordamos los Estados de excepción. los toques de queda, incluso la ley marcial que los gobernantes de turno aplicaban, para eliminar, insisto, a aquellos que pensaban diferente, que levantaban la voz exigiendo sus derechos laborales, que demandaban el titulo de propiedad de sus tierras, que manifestaban su descontento cuando los espacios políticos se les fueron negados.  En situaciones menos criticas, se aplicaron esas medidas dirigidas,  a  aquellos QUE NO ERAN DELINCUENTES, QUE ERAN OPOSITORES POLITICOS.

Cabe agregar, que las medidas represivas hacia las poblaciones que se oponen a la minería y la criminalización del movimiento sindical y popular siguen siendo efectivas, mientras la delincuencia y corrupción, se mueven libremente en las oficinas de gobierno.

El problema no es simple, el tejido social está roto. Tenemos por un lado niños y jóvenes huérfanos por asesinato o por ausencia, ya sea que estén en el exterior o agobiados por el trabajo. Abuelos criando nietos, padres que quieren que sus hijos tengan: “lo que yo o pude tener”, como un IPOD, ropa de marca, televisión de plasma y mil porquerías mas que no sustituyen la imagen paterna, la unidad familiar, el ejemplo de esfuerzo y trabajo honrado. Por otro lado los jóvenes que se criaron y procrearon en las calles, marginados y rechazados por ésta  sociedad, que cada día agranda más las brechas entre la pobreza y la riqueza.

En nuestra sociedad la criminalidad va en aumento, y los pocos esfuerzos que las fuerzas de seguridad hacen, se chocan con el sistema jurídico que manoseado, a través de mordidas, intimidaciones, inescrúpulos, complicidad, “falta de pruebas”  dicen,  dejan en libertad a los capturados, dejándonos el sabor amargo de la impunidad. Y que decir de la “desaparición de mas de Q80 millones” de los ahorros del Congreso de la República y otros tantos casos de corrupción estatal.

Si bien el trabajo del aboganster es decirle a su cliente, que se declare inocente, que niegue todo; que se presenten pruebas diletantes,  no es un secreto, especialmente cuando escuchamos a un Alfonzo Portillo, pedir pruebas de lo que se le acusa, en una entrevista mas que arreglada, en donde no mencionan el cheque personal que le extendieran lo taiwaneses; o el descaro del los generales Efraín Ríos Mont y Otto Pérez Molina   y otros involucrados en el genocidio guatemalteco, inocentes palomas, que dicen desconocer los planes contra insurgentes que se han “desaparecido misteriosamente”, mientras los delincuentes entran y salen de las cárceles risa y risa.

La falta de credibilidad en el sistema jurídico hace que la sociedad civil esté aplicando la justicia  por sus propias manos, a través de grupos que a su vez, asesinan  a todo aquel que se considera nocivo para una población. Y podría asegurar  que,    de  estos hechos no da información la prensa nacional, elevando el número de personas muertas en ésta orgia de sangre. El ciudadano “normal”  desgraciadamente,  considera esto correcto y se calla. Y como hechor y consentidor pecan por igual, en ésta situación,  todos somos culpables al  consentir, incluso alegrarnos de la desaparición física del delincuente,  supuesto delincuente o quita maridos.

El problema es complejo, y no podemos pensar solamente que un plan de seguridad, pueda resolver la problemática de manera aislada, sobre todo, si a la hora de elaborarlo, se descartan los aportes de organismos como la PDH, del Arzobispado guatemalteco y la USAC, como se ha hecho público recientemente.

Es necesario elaborar un plan integral Nacional, de desarrollo económico, realista y posible,  que incluya la inserción de estos jóvenes a la sociedad a través de la capacitación laboral, que ofrezca trabajo a los millones de guatemaltecos, especialmente a la juventud en ésta época de crisis económica internacional.

Desgraciadamente, como afirma el Lic. Guillermo Paz Cárcamo, sobre el Estado fallido guatemalteco: “Se trata de ver con alguna objetividad la situación imperante, porque no solo es el colapso de los procesos judiciales, es la insustancialidad y la corrupción del poder judicial, a todo nivel, lo que lo tiene en ruina. El desastre llegó a ser de tal magnitud que poderes extraterritoriales presionaron el  establecimiento de un poder judicial extraterritorial, llamado CICIG, para tratar de reflotar el barco hundido”.  

Urge hacer cambios en la legislación guatemalteca, cambios que estén de acorde a ésta nueva realidad, por lo que es un derecho ciudadano EXIGIR A LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, QUE LEGISLEN PARA CAMBIAR LAS LEYES PENALES, LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA CASTIGAR A LOS CRIMINALES.
Sí, como criminales, actúan y exigen derechos como adultos, deben de ser juzgados como adultos.
La aplicación de la pena de muerte, es necesaria, tras un juicio sumario (no al estilo de Ríos Mont), con abogados jueces y magistrados que muestren la cara, PORQUE ELLOS  SON LOS APLICADORES DE LA JUSTICIA EN ESTE PAÍS.

El Organismos Judicial y el Congreso de la República deben de tomar en cuenta e incorporar a la legislación guatemalteca, EL DERECHO CONSETUDINARO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE AMERICA, en este caso de los mayas, EN LA CORRECCION DE MENORES y la resolución de conflictos y delitos menores.

Y porque no, un Estado de excepción y toque de queda.

Los ciudadanos honestos, honorables y trabajadores, somos mayoría, y debemos exigir tanto al gobierno actual, como a los diferentes partidos políticos, algunos en plena campaña electoral, que sean serios en sus planteamientos sobre como sacar a Guatemala de ésta situación inaceptable, desde todo punto de vista.

Basta ya de discursos demagógicos, de campañas de mentiras y ofrecimientos cosméticos.

Señores políticos de derecha e izquierda, con religión o no, respeten al pueblo de Guatemala, sean propositivos, de esa manera demostraran sus buenas intenciones.

Finalmente todos estamos en el mismo barco.

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